El Gobierno nacional celebró el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que suspendió de manera temporal todas las acciones judiciales vinculadas al juicio por la expropiación de YPF y lo presentó como un punto de inflexión en la defensa del Estado argentino.

La decisión frena el avance de las demandas hasta que se resuelva la apelación de fondo contra la sentencia dictada en 2023 por la jueza Loretta Preska, que condenó al país a pagar USD 18.000 millones. En los hechos, el tribunal ordenó detener el proceso de "discovery" posterior al fallo y todos los procedimientos en curso ante la Corte de Distrito.

Milei se pone al frente del mensaje oficial

A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, firmado por Javier Milei, la Casa Rosada calificó la resolución como un "hito histórico" sin precedentes en el litigio.

"Esta decisión representa un hito histórico en la defensa de la República Argentina en un litigio que, durante más de doce años, ha significado un enorme costo económico, jurídico y reputacional para el país", sostuvo el texto oficial.

El Presidente también afirmó que, por primera vez desde el inicio del juicio, la estrategia jurídica del Estado se sostiene con "rigor técnico y responsabilidad institucional en todas las instancias que demanda este proceso".

En ese marco, el comunicado destacó el trabajo de la Secretaría Legal y Técnica, la Procuración del Tesoro, la Secretaría de Justicia y la Cancillería, y mencionó en particular a María Ibarzabal, Sebastián Amerio, Juan Stampalija y Pablo Quirno.

Críticas a la gestión anterior y respaldo político

El posicionamiento oficial incluyó cuestionamientos a las administraciones previas al sostener que el litigio implicó durante más de una década un costo elevado para el país.

Tras la difusión del comunicado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, interpretó el fallo en clave política y afirmó que la resolución permite proteger a la Argentina y a YPF de "las cagadas de Kicillof y el kirchnerismo".

Milei, por su parte, se limitó a reforzar el mensaje en redes sociales con la sigla "MAGA" (Make Argentina Great Again).

Qué implica la suspensión del proceso

La medida judicial se adoptó luego de que la Argentina solicitara el 6 de marzo la paralización de los procedimientos en curso. En ese planteo, los abogados del Estado argumentaron que existen "fundamentos sólidos" para revertir la sentencia, entre ellos la aplicación incorrecta del derecho argentino y la discusión sobre la jurisdicción.

El tribunal concedió la suspensión inmediata del proceso de exhibición y producción de documentos, del pedido de sanciones y de la audiencia probatoria prevista para abril de 2026. Además, dejó en pausa cualquier avance de investigaciones o ejecuciones vinculadas al caso.

La decisión no implica un pronunciamiento sobre el fondo del litigio. La Cámara deberá resolver ahora la apelación principal, que puede confirmar el fallo de Preska, revertirlo o disponer una revisión de aspectos técnicos clave, como la jurisdicción o el cálculo de la indemnización.

Un proceso abierto y con plazos inciertos

Según datos del propio tribunal, este tipo de definiciones suele demorar entre seis y doce meses. Hasta el momento del fallo ya habían pasado cinco meses desde la audiencia de apelación realizada en octubre.

En ese contexto, el Gobierno sostuvo que retomará "con firmeza el pleno ejercicio de su derecho a la defensa", con el objetivo de proteger "los derechos soberanos y los intereses de sus ciudadanos", mientras el litigio sigue abierto en la Justicia de EEUU.