La Procuración del Tesoro de la Nación solicitó a la Justicia de Estados Unidos suspender de manera inmediata el proceso de "discovery" en el marco del juicio por la expropiación de YPF, una de las causas internacionales más relevantes que enfrenta el Estado argentino.

El organismo que dirige el flamante procurador Sebastián Amerio presentó una moción de emergencia ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para frenar la etapa de exhibición y producción de documentos mientras se resuelve la apelación del fallo principal.

La presentación también busca suspender el pedido de sanciones contra la Argentina y la audiencia probatoria prevista entre el 21 y el 23 de abril de 2026.

Argentina advierte que el discovery podría generar un "perjuicio irreparable para la soberanía nacional".

Los argumentos del Gobierno

En el escrito presentado ante el tribunal estadounidense, la defensa argentina sostiene que existen "fundamentos sólidos" para revertir la decisión apelada.

Entre los principales argumentos mencionados se destacan:

• La incorrecta aplicación del derecho argentino en el fallo original.

• El principio de forum non conveniens, que sostiene que el caso debería haberse tramitado en otra jurisdicción.

Además, el documento advierte que permitir que continúe el proceso de discovery podría provocar "un perjuicio irreparable para la soberanía nacional" y afectar la previsibilidad necesaria para las relaciones financieras internacionales del país.

El texto también señala que el interés público aconseja evitar impactos en las relaciones exteriores y prevenir ineficiencias procesales en caso de que la decisión final vuelva abstractos los reclamos vinculados con la ejecución del fallo.

El pedido argentino llega además con el respaldo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que presentó un escrito ante el tribunal de la jueza Loretta Preska señalando que el proceso de discovery resulta "excesivamente intrusivo" y podría afectar principios de reciprocidad internacional y política exterior. 

El litigio se originó tras la expropiación de YPF en 2012 y en primera instancia derivó en una condena contra el Estado argentino por más de 16.000 millones de dólares, cifra que con intereses ya supera los 18.000 millones.

La respuesta a los demandantes

La Procuración sostuvo que Argentina ya cumplió con las órdenes judiciales emitidas hasta el momento.

Según detalló el organismo, el Estado argentino entregó:

• Más de 115.000 páginas de documentación

• 37 horas de testimonios de siete funcionarios de alto rango

• Más de 800 páginas adicionales provenientes de dispositivos personales

• 86 notas de voz

A pesar de esa colaboración, los demandantes solicitaron que Argentina sea declarada en desacato y que se le apliquen sanciones, un planteo que el Gobierno considera "improcedente y desproporcionado".