El gobierno de Estados Unidos abrió un proceso administrativo contra el senador demócrata Mark Kelly, capitán retirado de la Marina, por haber recordado públicamente que los miembros de las Fuerzas Armadas pueden negarse a cumplir órdenes ilegales. La decisión, impulsada por el secretario de Defensa Pete Hegseth, reactivó un debate sensible sobre los límites de la obediencia militar y el uso del aparato castrense para disciplinar posiciones políticas.

Kelly quedó en el centro del conflicto por un video difundido en noviembre junto a otros cinco legisladores demócratas con pasado militar o en inteligencia. Bajo el título "Don't give up the ship" (No abandonen el barco), el mensaje estuvo dirigido a personal en actividad y recordó que las leyes federales habilitan a rechazar órdenes que violen la ley. A diferencia del resto de los participantes, Kelly continúa bajo el alcance del Código Uniforme de Justicia Militar por cobrar una pensión como retirado.

Un castigo posible, no solo retórico

El secretario de Defensa confirmó que el Pentágono inició acciones administrativas que podrían derivar en una reducción del rango militar de Kelly y en la revisión de su haber mensual, estimado en unos USD 6.000. En paralelo, Hegseth emitió una "carta formal de censura" que será incorporada de manera permanente al legajo del senador.

En ese marco, el funcionario calificó el video como "sedicioso" y acusó a Kelly de sostener un "patrón de conducta imprudente" que, según sostuvo, afectó el orden y la disciplina en las Fuerzas Armadas. El senador rechazó las acusaciones y anunció que apelará la medida dentro de los plazos previstos.

El antecedente que incomoda al Pentágono

Según reconstruyó el New York Times en una nota firmada por Greg Jaffe, la defensa de Kelly incorporó un antecedente que tensiona la acusación: declaraciones previas del propio Hegseth en las que expresó una posición similar a la que ahora cuestiona.

En un discurso pronunciado en 2016, el actual secretario de Defensa afirmó que las Fuerzas Armadas no debían cumplir órdenes "completamente ilegales y despiadadas", y sostuvo que esa negativa formaba parte de las garantías del sistema militar estadounidense. Ese archivo fue citado por los abogados de Kelly para sostener que el senador solo expuso un principio básico del derecho militar.

Declaraciones políticas bajo la lupa militar

El proceso no se limita al video de noviembre. En la carta de censura, Hegseth incluyó críticas a declaraciones públicas realizadas por Kelly durante un período de seis meses, entre junio y diciembre de 2025. Allí cuestionó, entre otros puntos, sus críticas al desplazamiento de generales y almirantes y sus advertencias sobre la presencia de "yes men" (que asienten sin cuestionar) en la cúpula militar.

Algunas de esas declaraciones se produjeron en el contexto de la campaña militar de EEUU contra presuntos narcotraficantes venezolanos en el Caribe, una operación que ha sido cuestionada en el Congreso por varios legisladores, que advierten que no contó con autorización explícita.

Un choque entre poderes del Estado

Kelly integra el Comité de Fuerzas Armadas del Senado, encargado de supervisar al Departamento de Defensa. Ese dato reforzó la lectura institucional del caso. Doce senadores demócratas enviaron una carta conjunta en la que denunciaron un intento de intimidar a un legislador electo y de politizar el sistema de justicia militar.

El abogado del senador, Paul J. Fishman, calificó las actuaciones como un avance sin precedentes y sostuvo que no existe base legal para sancionar a Kelly por declaraciones públicas, al advertir que hacerlo implicaría un uso abusivo del poder administrativo.

El Pentágono tiene ahora hasta 45 días para definir si avanza con la reducción del rango y de la pensión. Mientras tanto, el expediente dejó expuesta una tensión central: hasta dónde llega la obediencia debida en las Fuerzas Armadas cuando una orden se considera ilegal.