En un fallo que ha generado un intenso debate, un tribunal de Estados Unidos ha autorizado al presidente Donald Trump a desplegar la Guardia Nacional en el estado de Oregón. Esta decisión, tomada por un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, revoca una orden anterior que suspendía el despliegue mientras se resolvía una apelación de la Administración Trump. Con dos votos a favor y uno en contra, el tribunal ha otorgado al mandatario el control sobre la Guardia Nacional de Oregón, en un contexto de repetidos despliegues militares en estados y ciudades gobernadas por políticos demócratas.

El juez Ryan Murphy, designado por Trump, ha defendido la decisión, argumentando que las protestas, independientemente de su tamaño, podrían obstaculizar la capacidad del presidente para aplicar la ley. En contraste, la jueza Susan Graber, designada por el expresidente Bill Clinton, ha expresado su desacuerdo, señalando que las manifestaciones en Portland fueron "poco disruptivas y pequeñas". Graber ha argumentado que no hay pruebas de que el ICE no pudiera proteger sus instalaciones, lo que cuestiona la justificación del despliegue.

El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, ha instado al pleno del Noveno Circuito a actuar rápidamente para anular la orden, advirtiendo que no hacerlo otorgaría a Trump un "poder unilateral" para enviar tropas a las calles del estado con escasa justificación. Las autoridades de Oregón y Portland han demandado a la Administración Trump por la toma de control de su Guardia Nacional, después de que el presidente prometiera proteger la ciudad y las oficinas del ICE, que, según él, estaban "sitiadas".