La fiscal Gabriela Baigún solicitó en su alegato ante el Tribunal Oral Federal 2 que el predio de Palermo, hoy propiedad de la Sociedad Rural Argentina (SRA), adquirido por un precio "vil" debe ser repuesto al Estado. Además pidió la pena de cuatro años de prisión para el ex presidente Carlos Menem, y de tres años y nueve meses para el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, y reclamó condenas para otros dos ex funcionarios del Ministerio de Economía, además de la pena de dos años y diez meses para Ricardo Agustín de Zavalía, ex presidente de la Sociedad Rural.

Puntualmente, la sospecha es que se provocó un perjuicio al Estado Nacional por aproximadamente 100 millones de dólares con la venta del predio ferial de Palermo, pues la operación se habría cerrado en un 25 por ciento menos de su valor: se fijó en 30 millones de dólares cuando dicho inmueble valía como mínimo 131.800.000 pesos, según evaluó la Fiscalía.

En un comunicado la SRA rechazó el alegato de la Fiscalía y defendió la "legalidad de la operación y sus derechos sobre el predio". Además agregó que "no solo no aportó nada novedoso a la causa sino que exhibieron una construcción retorcida por ausencia absoluta de elementos para desacreditar lo quedó probado".

La venta del predio fue a partir de un decreto presidencial firmado el 20 de diciembre de 1991: en su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Carlos Stornelli había remarcado que el predio vendido era del dominio público, lo cual implica que se encontraba "absorbido por los caracteres de inalienabilidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad e inejecutabilidad que le impedía al Estado Nacional, aún por intermedio de su máxima autoridad, venderlo".