Un nuevo plan de simplificación y digitalización de los trámites de radicación y clasificación de industrias se está implementando en la Provincia de Buenos Aires, que reduce los plazos de instalación de nuevos establecimientos de 4 años a sólo 6 meses. 

Los avances están establecidos en el nuevo Decreto 531/19 que reglamenta la Ley N° 11.459 de regulación de la radicación y el funcionamiento de las industrias en el territorio bonaerense, y actualiza una normativa que tenía más de 20 años de antigüedad. Y en resoluciones específicas del Organismo provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).

“Esta reingeniería de procesos es un gran paso en el marco de la estrategia de modernización que está llevando adelante la Provincia, que posibilita contar con un estado inteligente, creíble, transparente y capaz de cuidar nuestros recursos con miras a lograr un desarrollo sostenible”, afirmó Rodrigo Aybar, director ejecutivo del OPDS.

El nuevo sistema será presentado oficialmente mañana en la Casa de Gobierno Bonaerense, durante la Mesa Ambiental de "Modernización y Simplificación de Trámites" que realizará el OPDS en conjunto con el Ministerio de Gobierno provincial.

“Se trata de un plan que mediante el empleo de soluciones tecnológicas y plataformas digitales, se optimizan las distintas tramitaciones que la autoridad ambiental provincial brinda en cuanto a la radicación, clasificación y emisión de permisos ambientales a las industrias”, agregó el funcionario.

Además de la notable reducción en los tiempos de los trámites, la nueva reglamentación amplía el plazo de los permisos de aptitud ambiental que pasan de 2 años a tener una vigencia de 4, en línea con los períodos utilizados en países industrializados como Estados Unidos. “El objetivo es optimizar los recursos del Estado para priorizar en ese plazo las tareas de fiscalización y control de las industrias en el territorio”, apuntó Aybar. 

De ahora en más, industriales e inversores podrán realizar sus trámites en la plataforma digital a partir de la incorporación del domicilio ambiental electrónico que les permitirá acceder a las notificaciones de avances o de declaraciones juradas, por ejemplo, sin necesidad de asistir a las oficinas del organismo o de gestionar carta documento, cédulas o la constitución de domicilio en La Plata. 

La nueva norma también aclara las etapas del Certificado de Aptitud Ambiental que abarca tres fases: la 1, que distingue la clasificación del nivel de complejidad ambiental; la 2, que se refiere a la autorización de las obras proyectadas, y la 3, relacionada con la puesta en marcha o inicio de las actividades productivas en el establecimiento.

Otra mejora que responde a un reclamo histórico, en relación a su clara determinación, radica en cuáles son los rubros considerados como industrias. La nueva norma establece el listado completo de rubros generales (fabricación de tractores, por ejemplo), la actividad específica (fabricación de tractores utilizados en actividades agropecuarias y silvícolas, siguiendo ese caso) y, para mayor claridad, también especifica cuáles son las actividades que no están incluidas en cada rubro (fabricación de cintas transportadoras para su uso en establecimientos agropecuarios, según el mismo ejemplo). 

El detalle pormenorizado de todos los rubros fue posible gracias al trabajo conjunto entre el OPDS y la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), lo que redunda en un significativo cambio ya que el Certificado de Aptitud Ambiental corresponderá al rubro específico de cada actividad, brindando así mayor seguridad jurídica tanto al productor o inversor como al funcionario que autoriza. Para ello, se tomó como base el Nomenclador de Actividades Económicas de ARBA que está actualizado y es más específico que el utilizado por el OPDS hasta ahora, ya que era un listado de 1996.

Según el subsecretario de Fiscalización y Evaluación Ambiental, Manuel Frávega, “con toda la información en soporte informático, el nuevo plan digital posibilitará contar con un mapa estadístico de habilitación ambiental de industrias, riesgo ambiental y ordenamiento territorial, que permitirá conocer, por ejemplo, cuántas industrias hay en un determinado municipio o la distribución geográfica de las industrias por rubros o por nivel de complejidad ambiental”. 

El nuevo decreto también empodera el rol de los municipios en cuanto a su facultad como autoridad de ordenamiento territorial para determinar si la zona es apta o no para radicar determinada industria, información que luego enviará al OPDS. Tal como establece la Ley 11.459, los municipios otorgarán los permisos de las industrias de primera y segunda categoría y el OPDS los de tercera. “Esto es importante porque nos permite focalizar y priorizar nuestros recursos y energía en las industrias de la categoría 3, que son cerca de 3.500 en toda la provincia y son las más complejas y, a la vez, prestar asistencia a los municipios cuando carezcan de capacidad técnica o de recursos para llevar adelante el otorgamiento de los Certificados de Aptitud Ambiental”, indicó Frávega.

En resumen, con esta nueva normativa dentro de 4 años todas las industrias bonaerenses estarán recategorizadas y con su certificado renovado. También estará operativo un registro creado por la Ley 14.370 de creación del Registro Ambiental de Establecimientos Industriales (RAEI), que reunirá de manera sistemática y accesible todos los permisos ambientales y las categorizaciones otorgadas, y será de acceso público para brindar mayor transparencia de la gestión.

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