El salón del primer piso del Hotel Regal Pacific estuvo colmado. Ejecutivos de compañías de seguros, funcionarios judiciales, autoridades regulatorias y especialistas participaron de la jornada "Fraude al Seguro: Aspectos de Fondo y Forma", organizada por la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA) junto al Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires.

El encuentro puso sobre la mesa una preocupación creciente para el sector: el fraude dejó de ser un problema aislado para convertirse en una amenaza directa sobre la solvencia del sistema asegurador.

La preocupación tiene fundamentos concretos. Aunque Argentina no cuenta con estadísticas oficiales consolidadas, distintas estimaciones del mercado indican que el fraude puede representar hasta el 10% de los costos del sistema asegurador. Además, especialistas del sector sostienen que entre el 20% y el 45% de los siniestros analizados presentan algún tipo de inconsistencia o indicio que requiere investigación adicional.

Traducido a números, cada reclamo fraudulento aprobado implica recursos que dejan de destinarse a siniestros legítimos. El efecto final impacta sobre toda la cadena: mayores costos operativos, más litigiosidad, presión sobre las primas y una menor capacidad de respuesta frente a los asegurados.

Durante la apertura de la jornada, el superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate, resumió el eje central del debate con una definición que atravesó todas las exposiciones: "No hay contrato de seguro sin solvencia. Esa promesa de pagar una prima por una póliza y responder ante un evento indemnizable en el futuro solamente es válida si existe solvencia."

La frase no fue casual. En el mercado aseguran que la solvencia constituye el corazón del negocio. Sin capacidad financiera para responder ante los siniestros, la póliza pierde valor real para el asegurado.

Por eso Plate advirtió que el fraude no afecta únicamente a las compañías: "El fraude afecta a las compañías y afecta al asegurado; afecta el monto de la prima, que se encarece virtualmente si hay mucho fraude."

El costo invisible que termina pagando todo el sistema

La dimensión económica del problema puede observarse en otros mercados más desarrollados. Según la Coalition Against Insurance Fraud de Estados Unidos, las maniobras fraudulentas generan pérdidas por más de USD 308.600 millones anuales.

Si bien la realidad argentina es diferente, los especialistas coinciden en que la lógica es la misma: cuando una estafa prospera, alguien termina absorbiendo ese costo. El fraude funciona como una fuga silenciosa dentro del sistema. Cada reclamo falso consume recursos que deberían estar disponibles para quienes realmente sufrieron un siniestro.

Desde esa perspectiva, el procurador general de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte-Grand, destacó la función social que cumple la actividad aseguradora: "Las compañías de seguros están presentes en los momentos en los que la gente necesita más atención, más acompañamiento, no sentirse sola, sentirse protegida."

La idea fue compartida por gran parte de los expositores. El seguro no sólo administra riesgos: ofrece previsibilidad. Cuando el fraude debilita la solvencia del sistema, también afecta la confianza de millones de asegurados que esperan una respuesta cuando más la necesitan.

Cómo operan las organizaciones dedicadas al fraude

Uno de los paneles más seguidos de la jornada estuvo integrado por Francisco Pont Verges, secretario de Política Criminal de la Procuración General; Juan Manuel García Blanco, director general de la Policía Judicial bonaerense; y el fiscal de Morón, Claudio Oviedo.

Las exposiciones permitieron conocer cómo evolucionaron las maniobras fraudulentas en los últimos años y por qué dejaron de investigarse como episodios aislados.

García Blanco relató una investigación que involucró cerca de 900 expedientes vinculados con seguros colectivos por incapacidad: "Lo primero que dijimos fue: vamos a mirar esto como lo que es para los criminales, un negocio". Según explicó, "era toda una organización: un estudio jurídico, reclutadores distribuidos por toda la provincia y profesionales que intervenían en distintas etapas del proceso."

Por su parte, el fiscal Claudio Oviedo describió algunas de las modalidades más frecuentes detectadas en las investigaciones: "El denominador común en los fraudes es la falsificación de certificados, la falsificación de poderes, el uso de documentación falsa y la apropiación de datos para crear casos fraudulentos."

Además, advirtió que muchas compañías todavía tienen margen para fortalecer sus mecanismos de control.

La mirada del mercado

Entre los asistentes estuvo el Dr. Juan E. Cesaretti, gerente de Legales de Evolución Seguros, quien destacó la importancia de abordar el problema desde una perspectiva sistémica.

"La lucha contra el fraude no protege únicamente a las aseguradoras; protege a todo el sistema y, especialmente, a los asegurados que esperan una respuesta cuando realmente la necesitan. La solvencia es el activo más importante que tiene una compañía de seguros y combatir el fraude es una forma concreta de preservarla para poder hacer frente a los siniestros reales en tiempo y forma.

Estos acuerdos de capacitación y cooperación entre las áreas Legales de las aseguradoras con los organismos jurisdiccionales son de gran provecho y enriquecen el arduo trabajo de ambas áreas realizan constantemente en mitigar y reducir a su máxima expresión los fraudes en seguros. Desde Evolución Seguros acompañamos a la comisión directiva de ADEAA en esta política de cooperación e intercambio que nos resulta de suma importancia".

Tecnología, datos y cooperación

La respuesta del mercado frente al fraude ya no depende exclusivamente de auditorías o investigaciones posteriores.

Actualmente las aseguradoras comenzaron a incorporar herramientas de análisis predictivo y bases colaborativas de información para detectar patrones sospechosos.

Para Francisco Pont Verges, la colaboración entre compañías y organismos de investigación resulta indispensable: "La mejor manera de investigar estos delitos es incorporar al denunciante, a la víctima, como un socio en las investigaciones."

En la misma línea, ADEAA y el Ministerio Público bonaerense avanzan en acuerdos de capacitación, cooperación tecnológica e intercambio de información para fortalecer las investigaciones y acelerar la detección de maniobras fraudulentas.

El mensaje final de la jornada fue contundente: el fraude ya no es visto como una simple irregularidad administrativa. Para compañías, reguladores y organismos judiciales representa una amenaza directa sobre la solvencia del mercado.