El Senado avanzó con un proyecto de ley que obliga a crear una cadena de custodia sobre las escuchas telefónicas que administra la Corte Suprema de Justicia e impone sanciones ante su filtración.

La iniciativa, presentada por el senador del bloque Justicialista Rodolfo Urtubey, obtuvo dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales luego de que el oficialismo, el justicialismo y el kirchnerismo consensuaran varios artículos.

Se prevé que el proyecto sea votado en la sesión del Senado prevista para el próximo miércoles.

Urtubey señaló que el proyecto obedece a la "inquietud por las filtraciones de escuchas ordenadas por los jueces", en alusión al caso de las conversaciones entre la senadora y ex presidenta Cristina Fernández y Oscar Parrilli.

El proyecto obliga a la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial, órgano que depende de la Corte Suprema, a contar con una cadena de custodia "para preservar la inviolabilidad de las escuchas", explicó Urtubey.

Uno de los puntos fundamentales de la iniciativa son las sanciones, dado que la violación de las normas de la cadena de custodia será considerada una "falta grave administrativa y/o mal desempeño de funcionario público", lo que constituye un fundamento para el inicio de un juicio político.

Este punto fue el más discutido, dado que el senador de Cambiemos Ernesto Martínez propuso durante el debate que el proyecto señalara que "la difusión o entrega" de las escuchas hará "incurrir en falta grave a quien hubiere ordenado la intervención", es decir, al juez.

Sin embargo, Urtubey y su compañero de bloque Mario Pais propusieron un camino intermedio: agregar a la redacción original (que señalaba la filtración sólo como "falta grave") el "mal desempeño de funcionario público" por ser un causal de juicio político.

"Con eso se deja claro el riesgo de juicio político al magistrado que ordenó la escucha, entonces deberá investigar" cuando haya una filtración, explicó Pais.

El proyecto también establece una pena de seis meses a tres años de prisión para quienes "violen el deber de confidencialidad" y de dos a cuatro años de prisión para quien "a sabiendas entregare para su difusión" las escuchas. Los senadores buscaron dejar en claro que la pena recaerá sobre quien entregue las escuchas y no sobre el periodista que las reciba.