El Gobierno volvió hoy a cuestionar al titular de la OEA, Luis Almagro, por su decisión de no avanzar en el proceso de renovación del mandato del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrão, y se hizo eco de un informe de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia.

A través de la Cancillería que conduce Felipe Solá, el Ejecutivo sostuvo que no comparte las explicaciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en su decisión de no avanzar en el proceso de renovación del mandato de AbrÆo sobre la fecha del vencimiento del mismo.

Al respecto, sostuvo que existen "mecanismos para la separación del secretario ejecutivo, siempre en consulta con la Comisión e informando los motivos que fundamenten dicha decisión", por lo que "queda claro que, de comprobarse algunas de las irregularidades aducidas, deberán tomarse las acciones pertinentes" y "no corresponde" que Almagro "se atribuya potestades de proceder sin las consultas previstas con la CIDH".

"Resulta lamentable que el Secretario General insista en basar sus acciones en sus propias afirmaciones, en este caso con referencias generales a un informe de acceso restringido", agregó la cartera de relaciones exteriores.

Por otro lado, la Cancillería resaltó "la importancia" del informe publicado este lunes por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre "la situación de los derechos humanos tras el golpe de estado luego de las elecciones del 20 de octubre de 2019 en Bolivia".

En dicho documento se registran, "a partir del 10 de noviembre, episodios violentos, como incendios, saqueos de bienes privados y públicos", en cuyo contexto la Oficina de la Alta Comisionada documentó "diversas violaciones de derechos humanos", se indicó.

"El informe releva asimismo la utilización de municiones letales, algo negado por el gobierno de facto de la ex senadora Jeanine Añez, en operaciones conjuntas entre la policía y las Fuerzas Armadas, el 15 y el 19 de noviembre en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), con el saldo de 19 muertos", remarcó la Cancillería.

En este sentido, el Gobierno argentino instó "a las autoridades del Estado a seguir las recomendaciones formuladas por la Alta Representante y exhorta a todos los actores políticos, gubernamentales y sociales en Bolivia a comprometerse en el proceso electoral del 18 de octubre próximo".