A horas de un nuevo reclamo colectivo contra la violencia machista y los femicidios, en el marco de " Ni Una Menos", diputadas y activistas feministas analizaron en una reunión informativa de la comisión de Mujeres y Diversidad el nivel de acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en todo el país en medio de la pandemia del COVID-19, así como también la situación actual de los abortos clandestinos.

Una de las principales preocupaciones de quienes participaron de la comisión que preside la diputada oficialista Mónica Macha es las dificultades que existen para el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos, en especial en algunos zonas de la Argentina como el NOA y el NEA. "Se está obstaculizando y complejizando el acceso a la ILE", apuntó Ana Morillo, integrante de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y destacó que es central que haya "posicionamientos más firmes de los gobiernos locales para el acceso a la ILE".    

Morillo, además, señaló que en cuanto a los abortos legales "la red de socorristas han acompañado a 3800 mujeres y personas gestantes en medio de la pandemia".

Otra de las integrantes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Julia Martino, planteó que "por día, 6 niñas menores de 15 años son madres" y que resulta "necesario que se imparta Educación Sexual Integral (ESI) en todo el país, como lo marca la ley, porque así se podrían prevenir muchos casos de embarazo adolescente y también situaciones de violencia". 

Mientras un rato antes, en declaraciones radiales, el presidente Alberto Fernández deslizó que el debate de la IVE quedará para más adelante, Martino sostuvo que hay que "discutir de qué manera vamos a despenalizar y legalizar el aborto, aún en medio de la pandemia" y aseguró que "hay 50 mil internaciones por año por abortos inseguros". La diputada Romina Del Plá, del Frente de Izquierda, también reclamó que se discuta cuanto antes en el Congreso el proyecto de legalización del aborto, incluso de manera virtual.  

"La pandemia puso de manifiesto la necesidad de pensar a la salud de manera colectiva e integral: no solo física, sino también mental y social, y a la que todos y todas tengamos acceso", afirmó la diputada Cristina Álvarez Rodríguez, del Frente de Todos. Y agregó: "Las mujeres tenemos que poder decidir libremente sobre nuestros cuerpos porque cuando hay clandestinidad prima la lógica del mercado y no la de los derechos". Pedido al que se sumó la legisladora de PRO Silvia Lospennato, quien además recordó que en algunas horas se cumple un aniversario del "grito de lucha de Ni Una Menos, que logró masificar y unificar a mujeres de todas las extracciones, identidades políticas y edades".  

“La violencia machista es un entramado cultural, político y económico que expone a unas más que a otras y que genera secuelas que implican a la salud, por lo que esta atención tendría que estar entre las prioridades”, afirmó Marta Dillon, periodista e integrante del colectivo " Ni Una Menos".

Patricia Rosemberg, ex directora de la maternidad Estela De Carlotto, manifestó otra preocupación, vinculada a la violencia obstétrica. "El 92% de las mujeres pasó por violencia obstétrica", apuntó y advirtió que las instituciones sanitarias son "reproductoras del machismo" y que es necesario "transformar esa situación desde adentro". 

A diferencia de los planteos de las invitadas y del resto de las diputadas que abogaron por la necesidad de legalizar la IVE, la legisladora macrista Natalia Villa subrayó que "el aborto no es un derecho" y se quejó de que "en la comisión no se le dió la oportunidad a otras mujeres de que estén representadas". "Lo único que pido que tengan la misma sororidad con nosotras, las que pensamos distinto", agregó, ante lo que Macha se limitó a decir que si quería "invitar a alguien al panel" debería haberlo planteado días atrás cuando se estaba organizando la reunión. 

Una de sus compañeras del interbloque de Juntos por el Cambio, Brenda Austin, dijo -en alusión a los dichos de Villa- que "por supuesto todas las visiones deben ser respetadas" pero aclaró que hay "datos de la realidad" que no son "discutibles" y que "hay un conjunto de tratados internacionales de derechos humanos que hay que cumplir".

Por otro lado, la legisladora radical remarcó que "para una política pública no bastan los espacios institucionales, se necesita también que su aplicación sea más o menos homogénea en el país, algo que no se está cumpliendo" y es central que "se extienda en el tiempo, por lo que el Congreso es clave para que los gobiernos sostengan estas políticas a lo largo del tiempo".   

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Gabriela Vulcano

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