El proyecto de Emergencia Económica elaborado por el Ejecutivo porteño comenzó a ser tratado en la Comisión de Presupuesto de la Legislatura con una reunión informativa de la que participó el ministro Martín Mura, quién tuvo que comprometer diversos cambios en el articulado por los reiterados señalamientos de diputados aliados y opositores al gobierno.

Mura, en su rol de titular de la cartera de Economía y Finanzas, definió la iniciativa como una de las herramientas para encarar una caída en los ingresos públicos de la Ciudad que se prevé en "80.000 millones de pesos" para el año 2020.

El funcionario explicó que -por el parate económico generado por el aislamiento social, preventivo y obligatorio- se ha registrado "una caída de la recaudación muy grande, en una parte de marzo, muy fuerte en abril y que se proyecta para adelante".

"En abril, donde ya empezamos a tener datos, vamos a tener una variación interanual del 6% en términos nominales, lo que te deja 40 puntos por debajo de la inflación", añadió.

También detalló el "alto impacto de la morosidad" registrada en el corto plazo: "En marzo fue del 41% en ABL y 54% en patentes", duplicando los registros habituales.

Por ello, Mura dijo que la Ley de Emergencia, que de ser aprobada tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre, es un "instrumento necesario para transitar esta pandemia y emergencia a la vez".

Ese fue uno de los puntos que objetó el diputado Juan Nosiglia ( UCR-Evolución) quien se preguntó si no era conveniente establecer un plazo más corto, de tres meses, para la delegación de algunas facultades.

Entre otros puntos, se dotaría al Ejecutivo con "mayores facilidades" para reasignar partidas a las áreas críticas, se eliminarían afectaciones específicas y se consolidaría una cuenta unificada del tesoro para tener mayor disponibilidad de divisas. También se revisarían "programas no esenciales" y se establecerían "incentivos tributarios" que permitan "adelantar recaudación".

Al respecto, Javier Andrade ( Frente de Todos) recriminó la falta de segmentación de los beneficios en favor de los vecinos más castigados y de las pymes ya que, según consideró, con la estructura propuesta por el Gobierno sólo ganarán los grandes contribuyentes.

Por otra parte, el proyecto dicta que revisar todos los contratos de servicios no esenciales: "Lo peor que podemos hacer es mantener el que no se pueda pagar", aseveró el ministro.