El rigor de la pandemia sobre el escenario laboral del país se grafica en cuanto a que 3.700.000 personas que estaban ocupadas en el segundo trimestre de 2019 dejaron de estarlo en el mismo período del corriente.  Como agravante, el 83% de ese total son trabajadores informales. Dicho trazo es uno de las conclusiones más contundentes del informe preliminar del Centro de Capacitación sobre Estudios y Desarrollo Cetyd, Idaes Unsam.

"Sólo el 10% de esas 3.700.000 personas contaban con un empleo formal, el resto se encontraban ocupadas en situación precaria o inestable", le subrayó a BAE Negocios Matías Maito, investigador de la Universidad de San Martín (Unsam). Datos y percepción en sintonía para expresar también que la tasa de empleo registró una caída interanual del 42,6% al 33,4%, como la principal expresión de la crisis laboral, desde las cifras oficiales.

El paper titulado "Impacto de la pandemia sobre un mercado laboral vulnerable" revela la conclusión de que el daño fue "directamente proporcional a la extrema vulnerabilidad en el empleo" antes de la crisis por la pandemia.

En repaso a algunos números del informe, respecto a cuentapropistas, dicho universo para el segundo trimestre de 2019 era de 2.600.000 personas y en el mismo tramo de 2020 reveló 1.900.000. La variación absoluta de la baja se cifró en 742.000 trabajadores por cuenta propia en un porcentaje negativo del 28%.

Para los informales, sin descuento jubilatorio, el segundo trimestre del año pasado refería a un universo de 3.100.000 personas, para el mismo período del corriente esa cifra pasó a 1.700.000 personas. La variación absoluta y negativa alcanzó el 1.300.000, un 44% en baja.

En cuanto al segmento "trabajadores familiares sin remuneración" se remarca que para abril, mayo y junio de 2019 había en esa condición 76.000 personas, número que se redujo a 57.000 en el pasado segundo trimestre.

Maito consideró que el daño en el campo del trabajo fue directamente proporcional "a la situación de extrema vulnerabilidad que caracterizaba al empleo en nuestro país antes de la irrupción del coronavirus".

El investigador consideró que la estrategia estatal en cuanto a beneficios sociales ( IFE) amortiguaron daños mayores, al tiempo que el programa ATP para los trabajadores privados, la reducción de contribuciones patronales y validación de suspensiones con pago del 75% del salario permitieron que el empleo formal en relación de dependencia no fuera afectado del mismo modo que las inserciones ocupacionales más precarias e inestables.

"La magnitud del daño hay que entenderla en proporción al rango de vulnerabilidad, lo cual incluye trabajos inestables, precarios y más. De allí el porcentaje del 83% que se aprecia en cuanto a mayor impacto", reseñó Maito.

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