El Departamento de Justicia de los Estados Unidos inició la etapa preliminar de la investigación sobre la criptomoneda $LIBRA, tras la denuncia presentada contra el presidente argentino Javier Milei y otros involucrados en la operatoria. El mandatario difundió la existencia de la criptomoneda, a la que presentó como un proyecto privado de inversión en empresas argentinas, pero colapsó en pocas horas, lo que derivó en múltiples acusaciones de fraude.

La denuncia fue radicada por el estudio jurídico argentino Moyano & Asociados y apunta también contra el estadounidense Hayden Mark Davis de Kelsier Ventures, el empresario singapurense Julian Peh y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Según la presentación, Kelsier Ventures y Kip Protocol, la firma de Peh, fueron las responsables del lanzamiento de $LIBRA, mientras que Novelli y Terrones Godoy habrían actuado como nexos entre Milei y los empresarios extranjeros.

La investigación inicial, reveló la agencia EFE, quedó a cargo de la Sección Fraudes de la División Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, especializada en delitos económicos y financieros complejos.

Un escándalo en expansión

Moyano & Asociados también informó del caso a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). El organismo anunció la creación de la Unidad de Tecnologías Ciber y Emergentes para perseguir "a aquellos que buscan tergiversar la innovación para perjudicar a los inversores y disminuir la confianza en las nuevas tecnologías", según confirmaron a EFE fuentes con acceso a la causa.

En paralelo, la Justicia argentina abrió una investigación encabezada por el fiscal federal Eduardo Taiano. El funcionario encomendó a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación la tarea de esclarecer los detalles de la creación y el lanzamiento de $LIBRA. Entre los nombres en la mira figura el del argentino Sergio Daniel Morales, cuya participación en la operatoria aún no ha sido precisada.

También un estudio jurídico neoyorquino (Burwick Law) inició una causa en EEUU, en este caso civil, que apunta a la compensación económica de los damnificados por el Criptogate.

Turbulencia política para el Gobierno de Milei

El escándalo se convirtió en una de las mayores crisis políticas de la gestión de Milei. Todo comenzó cuando el presidente difundió en sus redes el lanzamiento de la criptomoneda, en una publicación en la que afirmó que permitiría financiar emprendimientos y pequeñas empresas en Argentina. La expectativa disparó el precio de la divisa hasta que los principales inversores retiraron sus fondos con ganancias millonarias, lo que provocó el desplome de su cotización.

Ante las acusaciones de estafa, Milei eliminó la publicación y se desligó del caso. Aseguró haber actuado "de buena fe" y aclaró que solo difundió la existencia de la criptomoneda, sin promocionarla. No obstante, su negativa a asumir responsabilidad por las pérdidas de los inversores mantiene la polémica encendida, al punto de que en agencias de noticias internacionales lo llaman “el criptofiasco de Javier Milei”.