El enojo de algunos gobernadores empujó al Poder Ejecutivo nacional a suspender la resolución 122/2018 que establecía la transferencia de la tarifa social de la electricidad, sin embargo continúa formando parte de las medidas que están en estudio para alcanzar el recorte de $100.000 millones que las provincias tienen que hacer el año próximo para contribuir al déficit cero.

Lo firmado por el entonces titular de la cartera de Energía, Javier Iguacel, para que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires se hagan cargo del financiamiento del régimen de la tarifa social del servicio eléctrico generó entre los mandatarios provinciales casi el mismo asombro que cuando se enteraron a través de conferencias de prensa del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que la discusión sobre la eliminación del Fondo Federal Solidario (Fofeso) y el traspaso de los subsidios al transporte estaba cerrada.

La segunda sorpresa llegó con el comunicado de la cartera de Hacienda en el que se informaba que se daba marcha atrás con la resolución 122/2018. "Nos llamó la atención que suspendieran la medida porque buena parte de la última reunión fue para discutir la eliminación de los subsidios nacionales a la electricidad", contó a BAE Negocios uno de los ministro de Economía que el jueves pasado participó del encuentro con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en la Casa Rosada para avanzar con el ajuste requerido por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Para preservar las negociaciones y conseguir el apoyo explícito de los gobernadores al Presupuesto 2019 mañana en el cónclave con el presidente Mauricio Macri, Frigerio pidió a Dujovne poner en suspenso la medida que implicaba que algunos distritos no pudieran afrontar los costos de la tarifa social, lo que generaría un incremento tarifario, algo similar a lo que podría suceder con el traspaso de los subsidios al transporte.

Sin embargo, un funcionario de alto rango de la secretaría de Energía aseguró a este diario que "no se desistió" de transferir la tarifa social de la electricidad a las provincias, sino que se "se está buscando un consenso global" y que "se suspendió la resolución hasta que se haga el acuerdo final".

En el caso de los subsidios de los servicios de trenes, colectivos y micros de larga distancia, que ascenderían a $43 mil millones, todavía falta pulir cuál es el porcentaje que estará a cargo de las provincias. También queda ponerse de acuerdo en cómo se compensará a los distritos por lo que dejarán de percibir a raíz de la eliminación del Fofeso, unos $26.000 millones. La alternativa que cuenta con mayor consenso es la de aumentar el préstamo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para el año próximo.

Y está casi cerrado que se postergará la rebaja del impuesto a los Sellos y se aplicará el aumento de Bienes Personales para las cuentas, sociedades e inmuebles en el exterior. El panorama es un poco más difuso en referencia a la propuesta de algunos mandatarios peronistas para que se revisen las exenciones del impuesto a las Ganancias, como en el caso del Poder Judicial, no sólo porque hay una fuerte resistencia desde el ministerio de Justicia, que conduce Germán Garavano, sino también porque tendría que pasar por el tamiz del Congreso.