El Gobierno prepara la reforma laboral: punto por punto del borrador
El Gobierno planea un nuevo esquema de indemnizaciones, horas laborales e incentivo a la formalidad
El Gobierno prepara la Ley de la Reforma Laboral para ser presentada en el Congreso. El ambicioso proyecto del oficialismo tiene 182 artículos y promete modernizar un sistema laboral. El presidente Javier Milei aseguró que hay “consenso absoluto” con los gobernadores para avanzar con el proyecto.
El proyecto contempla la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo, el marco legal que determina la validez, los derechos y las obligaciones de la relación entre el trabajador y el empleado. Regula aspectos esenciales como el salario, aguinaldo, jornada laboral, vacaciones, licencias, tipos de contrato, períodos de prueba y procedimientos de rescisión del contrato. El Gobierno rompe el paradigma al introducir modificaciones claves, como:
La Ley de Contrato de Trabajo no se aplicará a:
- Dependientes de la administración pública nacional, provincial o municipal, excepto que un acto expreso los incluya.
- Contrataciones de obra, servicios, agencia y todas las reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación.
- Trabajadores independientes y sus colaboradores.
- Trabajadores independientes de plataformas digitales.
Se sustituye el artículo 9°, que establece el principio de la norma más favorable para el trabajador. Este principio es una manifestación fundamental del carácter protectorio del Derecho del Trabajo. En este caso, cambia el criterio de agrupamiento.
Ante un conflicto, rige la ley más favorable para el trabajador según la institución y no la más favorable en términos más abstractos. Por ejemplo:
Si hay dos normas que regulan la misma cosa:
- Mirar el tema (la institución: jornada, despido, licencias).
- Comparar la norma completa de ese tema en la Ley contra la norma completa de ese tema en el convenio.
- Aplicar solo una (la que otorgue más derechos). No se puede armar un "Frankenstein" legal para combinar lo mejor de ambas.
Este mecanismo asegura que el trabajador reciba el beneficio más alto posible en cada tema sin generar un caos normativo al mezclar artículos inconexos.
Entre los puntos más destacados de la propuesta del oficialismo, se encuentra la creación de un Régimen de promoción del Empleo Registrado. Esta entidad permitiría regularizar los trabajos no registrados o deficientemente registradas.
El objetivo es reducir el trabajo informal. Para hacerlo, el Gobierno propone el indulto de deudas previsionales, multas e intereses a las empresas, siempre y cuando estas “blanqueen a la totalidad del personal alcanzado”. Sin embargo, el borrador del documento contempla la posibilidad de que muchas empresas no cumplan con este requisito. En esos casos, el trabajador tendrá una “presunción favorable” en el caso de que este denuncie al empleador y lo lleve a una instancia de juicio laboral.
Qué pasa con la indemnización
El sistema de indemnizaciones es uno de los puntos más controvertidos dentro de la reforma que plantea el Gobierno. En este caso, LLA propone redefinir la base del cálculo: fija topes equivalentes a tres salarios promedios del convenio aplicable al sector, además de un piso de 67% del salario del trabajador afectado.
Los criterios de accidentes y enfermedades laborales también cambian. La intención es reajustar los principios de determinación y de del tipo de indemnización según la enfermedad.
Lo más novedoso es la sustitución de la indemnización por un Fondo de Cese Laboral. El proyecto permite que, mediante la Ley de Contrato de Trabajo, se pueda sustituir el actual régimen de indemnización por despido por el nuevo fondo.
El mecanismo que propone el Gobierno se integra con aportes mensuales obligatorios que debe realizar el empleador, calculados sobre el salario del trabajador. El fondo actuaría como una "mochila" de ahorro que el trabajador recibiría al finalizar la relación laboral, independientemente de la causa (despido, renuncia, etc.), y elimina la obligación de pagar la indemnización tradicional al momento del despido.
Extensión del período de prueba
Actualmente, el período de prueba máximo es de tres meses. El proyecto faculta a los convenios colectivos a ampliar este plazo a ocho meses y hasta un año para el caso de las Pequeñas y medianas Empresas (PyMES).
Modificación de la tasa de interés judicial
El cambio refiere al cálculo de las deudas en juicios laborales. Se busca reemplazar la tasa de interés que se aplica sobre las deudas salariales o indemnizatorias cuando hay un juicio laboral. En lugar de aplicar tasas que suelen ser muy altas (como la tasa activa y tasa pasiva pura), el proyecto establece que los créditos devengan una tasa que no exceda el promedio entre la tasa activa y la tasa pasiva de las entidades financieras. El objetivo es reducir el costo financiero y el riesgo de litigiosidad para el empleador.
Repartidores de plataformas digitales, una nueva figura laboral
El Gobierno incluyó a los repartidores de plataformas digitales como un nuevo sujeto de derechos laborales amparados por el Estado. Actualmente, los trabajadores del sector figuran como monotributistas, pero el Gobierno obliga la categoría de “trabajadores independientes”. Fija obligaciones fiscales y de seguridad social, además de la posibilidad de rechazar pedidos sin justificación y recibir explicaciones por bloqueos en la aplicación.
Horas laborales y vacaciones: un derecho consensuado
La reforma laboral que prepara el Gobierno incluye un régimen de horas extras, un banco de horas laborales y francos compensatorios, que dependen de las modalidades de producción según el tipo de actividad. “Deberán respetar descansos mínimos de 12 horas entre jornada, con un descanso semanal también mínimo de 35 horas”, reza el borrador que prepara el Ejecutivo.
En cuanto a las vacaciones, el Gobierno prevé un régimen consensuado entre empleado y empleador, que siempre deberá respetar el piso legal.
