El Gobierno enviará en los próximos días al Congreso un proyecto para volver a reformar el Consejo de la Magistratura que, entre otras cosas, pasaría a tener más miembros y podría facilitarle la mayoría al oficialismo, al modificarse además el sistema de votación para iniciar el proceso de sanción o remoción de jueces.

La iniciativa fue consensuada entre el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y el Ministerio de Justicia. “La idea del Gobierno es que llegue antes de fin de año al Congreso para que en ese ámbito se dé un amplio debate”, explicó el jefe de la cartera judicial, Germán Garavano.

La propuesta apunta a que el cuerpo que actualmente está conformado por 13 miembros pase a tener 16, ya que se sumarían un integrante más por el Poder Judicial y otros dos abogados. Así, el recinto estaría integrado por cuatro jueces (en principio deberían ser dos que provengan de fueros federales y al menos dos que sean camaristas), seis legisladores (tres diputados y tres senadores) cuatro abogados (inscriptos en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal o en las Cámaras Federales del interior), un representante del Poder Ejecutivo y otro del ámbito académico.

La iniciativa también establece que los miembros durarán cuatro años en sus cargos y puedan ser reelegidos una sola vez en forma consecutiva.

Además, tras la polémica por la reciente destitución del senador Ruperto Godoy por no contar con título de grado, todos los aspirantes a consejeros deberán cumplir los mismos requisitos que se exigen para ser ministro de la Corte Suprema: tener un mínimo de ocho años de ejercicio como abogado (con matrícula federal) y tener al menos 30 años de edad, con seis o más de residencia en la Argentina.

Por esta razón, el proyecto prevé que si en las cámaras no hay suficientes legisladores que cuenten con estas condiciones, pueden designar a un ciudadano que haga de representante.

Otro punto importante es que aclara que no podrán ser parte aquellas personas que hayan tenido condenas por delitos de lesa humanidad y/o corrupción, ni aquellos que hayan cometido delitos dolosos en los últimos 20 años o sanciones administrativas, disciplinarias o condenas por delitos dolosos en los últimos 10.

También cambia el número de votos que se requieren en el plenario del Consejo para aprobar un jury de enjuiciamiento contra un magistrado: dejará de ser mayoría especial para ser mayoría absoluta.

Finalmente, el proyecto explica que cuando se produzca una vacante, se convocará a un concurso público y se anunciará la integración del jurado que evaluará y calificará las pruebas que se le harán a los aspirantes.