A la espera de que mañana se confirme la condena a seis años de prisión de Cristina Fernández de Kirchner por la Causa Vialidad, el PRO espera que la semana que viene se apruebe el proyecto de Ficha Limpia para restringir las candidaturas a quienes presenten sentencias por delitos de corrupción en segunda instancia. Se trata de un proyecto que cuenta con dictamen de comisión desde septiembre y recién este martes, tras la suspensión de la sesión especial por los DNU, comenzó a circular el pedido de sesión. Finalmente, se convocó para el próximo miércoles 20 de noviembre a las 12.

“El Gobierno se comprometió y no queremos que se demore más”, había anticipado la diputada Silvia Lospennato (PRO) anoche, en una entrevista televisiva. Ella se encargó de liderar el proyecto en comisiones y de dialogar con el Ejecutivo en Casa Rosada para impulsar la iniciativa. De todos modos, si bien el presidente Javier Milei lo había anunciado como uno de los proyectos que conformaban su “reforma política”, no hubo indicios, por ahora, de apurarlo para que sea sancionado antes de las elecciones 2025.

Ante la consulta de BAE Negocios, fuentes del espacio amarillo confesaron que no habían conversado todavía con el Gobierno para definir si iba a formar parte de la agenda de las posibles extraordinarias. Si bien del oficialismo habían descartado rotundamente convocarlas, hoy el discurso cambió y empezaron a contemplarlo. De todos modos, del PRO coinciden en que no habría problema con que se trate en el Senado el año que viene, mientras sea antes del cronograma electoral.

El proyecto en detalle se trata de una reforma al artículo 33 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos (23.298) para incorporar otros delitos a la inhabilitación de cargos públicos. La diferencia sustancial es que en vez de que sean condenas con sentencia firme (de la Corte Suprema de Justicia), con un fallo de segunda instancia sea suficiente para quedar afuera de las elecciones. 

Además, incluye que se incorporen los delitos por cohecho y tráfico de influencias; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; encubrimiento; el delito de fraude en perjuicio de la administración pública y todos los delitos que sean incorporados en el Código Penal por leyes especiales, en virtud del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la corrupción.

El debate original se remonta al 2017 y, sin éxito, volvió a plantearse en 2019. Esta sería la tercera vez que intentan impulsar el proyecto, que no consiguió quórum en las anteriores ocasiones. "Tenemos los diputados necesarios para que en los próximos días tengamos media sanción", aseguró Lospennato. Cuentan con el apoyo de la UCR, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y los aliados del oficialismo; La Libertad Avanza y el MID.

El PRO necesita la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara para poder aprobarlo, puesto que, por disposición constitucional, así debe ser para los proyectos que modifiquen el régimen electoral y de partidos políticos. Esto avecina un escenario cuestionable en el Senado, puesto que UxP tiene 33 bancas clave que condicionan al oficialismo, además, con la negociación por los pliegos de la Corte Suprema. En Diputados, la bancada de Germán Martínez fue con un dictamen propio que mantiene la necesidad de tener una sentencia firme y agrega delitos en materia económica.

También se creará el Registro de Electores Residentes en el Exterior y se tratará una modificación al Código Penal en materia de reiterancia delictiva para que a una persona imputada por múltiples procesos penales simultáneos se le puedan imponer medidas de coerción más estrictas, inclusive en el marco de delitos que atenten contra la libertad de expresión. “Creemos que es clave que los argentinos tengamos estas leyes antes de finalizar el actual período parlamentario”, destacaron del espacio amarillo en un comunicado.