La Cámara de Diputados dictaminó este martes el proyecto de Ficha Limpia, una de las reformas electorales que el oficialismo busca aprobar este semestre a pedido del PRO. Se trata de un proyecto que busca restringir las candidaturas a quienes presenten condenas por delitos de corrupción, entre otros. La idea es que vayan al recinto la semana que viene para sesionarlo, mientras se preparan para volver a tratar la Boleta Única de Papel con las modificaciones devenidas del Senado.

El plenario entre las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia se reunió a las 14 y los diputados consiguieron que el texto que impulsó Silvia Lospennato (PRO), tenga despacho por mayoría. BAE Negocios accedió a dicha propuesta y, según quedó escrita, la prohibición para ser candidato a cargos públicos electivos nacionales o cargos partidarios se extiende a quienes presenten sentencias condenatorias en primera instancia relacionadas a una serie de delitos penales.

Los delitos que se incorporarían al artículo 33 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (23.298) son por cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; encubrimiento; el delito de fraude en perjuicio de la administración pública; y todos los delitos que sean incorporados en el Código Penal por leyes especiales, en virtud del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la corrupción.

De esta manera, la expresidenta y exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta, quedaría efectivamente exenta de participar de futuras elecciones. Esto se debe a que el proyecto que impulsa la Cámara acordó que la restricción se extienda "desde que exista sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme".

La sentencia firme es aquella que es revisada por un tribunal superior (no es el caso de la condena de CFK). Uno de los ejes del debate en comisión fue sobre las instancias del proceso judicial y este punto quedó plasmado en las disidencias que presentaron las firmas de los bloques "dialoguistas", dado que algunos plantean que un fallo de primera instancia no debería ser suficiente.

También hubo argumentos a favor de que la prohibición se extienda no solamente a candidatos sino que a funcionarios públicos designados que no deban pasar por procesos electorales, así como también algunos radicales quieren ampliar los delitos a casos que no sean estrictamente de corrupción, como delitos contra la integridad sexual.

El debate original se remonta al 2017 y, sin éxito, volvió a plantearse en 2019. Esta sería la tercera vez que intentan impulsar el proyecto, que no consiguió quórum en las anteriores ocasiones. "Tenemos los diputados necesarios para que en los próximos días tengamos media sanción", aseguró Lospennato. Cuentan con el apoyo de la UCR, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y los aliados de la nueva mesa parlamentaria, La Libertad Avanza y el MID.

Cabe aclarar que, por disposición constitucional, "los proyectos de ley que modifiquen el régimen electoral y de partidos políticos deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los miembros de las Cámaras", tal como sucede con Boleta Única. Esto quiere decir que Diputados necesita garantizarse de 129 votos positivos, de base.

El kirchnerismo históricamente presentó obstáculos para que esta iniciativa avance: tomaron postura en contra porque consideraron que le serviría de herramienta al Poder Judicial para intervenir en la política y la participación ciudadana. También alegaron que el requerimiento debía implicar condena firme porque, si no, se viola el principio de inocencia. El jefe de bloque de UxP, Germán Martínez, presentó un dictamen propio que redujo los delitos financieros.