Mientras esperan la llegada del proyecto de expropiación del Grupo Vicentin al Senado, el oficialismo busca crear una comisión bicameral que investigue las supuestas irregularidades en los préstamos que el Banco Nación le otorgó a la empresa cerealera durante la gestión de la alianza Cambiemos.

La comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la legisladora oficialista María de los Angeles Sacnún, se reunirá de manera remota este viernes a las 14 para empezar a discutir un proyecto del senador del Frente de Todos Oscar Parrilli, presentado en abril pasado y que tiene como objetivo dilucidar si hubo alguna maniobra ilegal por parte del  Banco Nación -que entonces encabezaba Javier González Fraga- en el otorgamiento de créditos por más de 18 mil millones pesos a la compañía santafecina. 

La iniciativa del senador kirchnerista va en sintonía con el informe que realizó el actual director del Banco Nación Claudio Lozano, quien en febrero último señaló que "en el proceso de endeudamiento que fue acumulando  Vicentin con el Banco Nación se superaron los límites a los que podía acceder en función de la normativa correspondiente fijada por el Ente Regulador para las Grandes Empresas" y que a pesar de eso "y sin fundamento alguno la empresa obtuvo la refinanciación que requería sin hacer las cancelaciones correspondientes para volver a encuadrar en la normativa".

Otro de los puntos que destaca el escrito de Lozano es que el Grupo Vicentin fue uno de los principales aportantes de la campaña electoral de Juntos por el Cambio desde 2015. Sólo en 2019, la empresa donó a Cambiemos un total de 13,5 millones de pesos para la campaña de las PASO y luego otros 5,5 millones para las elecciones generales, según datos de la Cámara Nacional Electoral.


La Bicameral estará integrada por seis senadores y seis diputados y deberá investigar si el Banco Nación cumplió con los procedimientos correspondientes al momento de otorgar los préstamos y sus refinanciaciones y si actuó en cumplimiento de la normativa vigente por el Banco Central.

El proyecto oficialista sostiene que es preciso determinar una eventual "defraudación y estafa comercial a acreedores, clientes de la firma y/o empresas de Cereales y Soja con las que competía en el mercado por posibles perjuicios económicos sufridos por la posición dominante adquirida en los últimos cuatro años". Y averiguar "si existieron movimientos de fondos entre empresas vinculadas efectuando posibles maniobras espurias a efectos de ocultar y/o simular la verdadera realidad económica, de provocar el déficit económico y financiero que ocasionaron el proceso concursal".

Con esa iniciativa, el Frente de Todos también busca detectar "posibles operaciones de encubrimiento y/o lavado de activos que pudieren ser de origen delictivo y la responsabilidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) por incumplimiento en sus obligaciones de control".

El senador neuquino -de extrema confianza de la vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Fernández- concluyó que es necesario comprobar "si han efectuado giros o movimientos financieros a sus vinculadas en el país y/o en el exterior, afectando dolosamente los ingresos públicos".


 

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Gabriela Vulcano

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