Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández sobre la intervención estatal del Grupo Vicentin, el Congreso se prepara para discutir el proyecto de expropiación que el Poder Ejecutivo nacional enviará en las próximas horas. Mientras el oficialismo confía en que podrá aprobarlo sin inconvenientes, en la oposición se debaten entre la cautela y las críticas.    

La iniciativa que establece la expropiación de la empresa cerealera -que será intervenida y declarada de utilidad pública a través de un DNU- ingresará por el Senado y deberá ser aprobada con mayoría simple. En esa cámara, el oficialismo no sólo cuenta con el número de votos necesario, sino que además una de las impulsoras del proyecto fue la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti, quien fue varias veces ponderada por el mandatario durante la conferencia de prensa que se realizó en la Casa Rosada.

"El proyecto de ley de expropiación lo vamos a tratar lo antes posible, pero los tiempos del Senado son los que ameriten la discusión de un tema tan importante", apuntó la legisladora mendocina, junto al jefe de Estado, al ministro de la Producción, Matías Kulfas; y al flamante interventor de Vicentin, Gabriel Delgado. Y agregó: "Es una decisión histórica. Se trata de una empresa que va a ser testigo en el mercado de granos de la República Argentina y nos va a dar el sendero a la soberanía alimentaria, que es uno de los ejes que hay que empezar a trabajar con más profundidad". 

Apenas se conoció la noticia, en Diputados empezaron los primeros debates internos en el interbloque de Juntos por el Cambio sobre cómo posicionarse frente a este tema, en especial teniendo en cuenta que el radicalismo acompañó en su momento la expropiación de YPF. Sin embargo, son varios los integrantes de ese espacio que vienen criticando la posibilidad de eventuales expropiaciones, luego de que la diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos planteó que el Estado debería tener una participación accionaria en las empresas que subsidia en el marco de la cuarentena por la pandemia del COVID-19

La titular de PRO, Patricia Bullrich, fue una de las que en esa oportunidad se mostró más crítica: "La concepción es 'yo te puedo expropiar' y eso es Chávez". Anticipándose a cualquier  declaración de ese tipo que pueda surgir en el ámbito parlamentario, el presidente señaló: "En el Congreso la oposición tendrá tiempo de compararnos con Venezuela o el infierno". Y agregó: "Siempre digo que hay dos tipos de opositores, los que gobiernan y los que escriben por Twitter".  

Uno de los primeros opositores en dar su opinión a través de su cuenta de Twitter fue el diputado radical Ricardo Buryaile: "Dijeron #soberaniamonetaria y estarizaron #Ciccone, dijeron #soberaniaenergetica y estarizaron #YPF, ahora dicen #SoberaniaAlimentaria y expropiaron # Vicentin . #MorenoVive". "La soberanía alimentaria se garantiza con más producción", agregó en una entrevista a LN+, no obstante planteó que es necesario "sentarse a hablar" con el oficialismo. 

"Si la intervención fuese temporaria para ordenar la empresa y devolvera al sector privado sería atendible, pero la intención que hay detrás es hacer un uso político de esto", dijo a BAE Negocios el diputado macrista Luciano Laspina

A través de un comunicado, desde Juntos por el Cambio aseguraron que el "anuncio es ilegal e inconstitucional" porque el "Estado sólo puede intervenir empresas con una ley del Congreso" y que "la expropiación de Vicentin puede ser el primer paso del Gobierno para avanzar en una mayor regulación del mercado de granos". "Quién sabe si su ambición final no es volver a una Junta Nacional de Granos, el viejo anhelo de una parte de la coalición oficialista", remarcaron.

Además, desde la coalición opositora puntualizaron que "el kirchnerismo ya hizo esto con empresas como YPF, Ciccone, Aerolíneas Argentinas y Aguas Argentinas, a las que expropió por decreto con un discurso triunfalista y por las que después los argentinos tuvimos que pagar miles de millones de dólares en juicios y haciéndonos cargo de sus pérdidas. Con Vicentin va a pasar lo mismo".

El diputado Alejandro Rodríguez, del interbloque Federal, dijo a este diario que esperarán "a ver el proyecto de expropiación" de la compañía cerealera antes de tomar una postura de conjunto y planteó algunas dudas: “Me pregunto si el Gobierno ha tomado los resguardos para que, a futuro, el Estado no tenga que desembolsar fortunas por litigios que puedan entablar algunos campeones globales de sacar ventajas, hoy socios de Vicentin”.

Desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores también se mostraron cautelosos ante el anuncio del Ejecutivo nacional. "Lo examinaremos a fondo cuando lleguen los proyectos de ley. En principio, rechazamos porque es un rescate de una empresa que operó de manera fraudulenta en la venta de granos, asociada a la Bolsa de Rosario y que, del mismo modo, se endeudó con el Banco Nación para expandirse por decenas de rubros", señaló la diputada Romina Del Plá. Y subrayó que " Vicentin no debe ser salvada sino expropiada sin indemnización".

A pesar de las críticas de un sector de la oposición, fuentes parlamentarias del oficialismo manifestaron que están confiados en que "en el Senado podrán aprobar el proyecto del Ejecutivo" sin "inconvenientes", ya que cuentan con mayoría propia; en tanto admiten que en Diputados "podría ser un poco más complejo". "Estamos abiertos a hacer las modificaciones que sean necesarias del texto para llegar a un consenso", apuntaron desde el Frente de Todos. 

Los votos extra que necesita el oficialismo en la Cámara Baja para aprobar la iniciativa por mayoría simple podrían provenir del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que conduce José Luis Ramón; y el interbloque Federal, aunque por el momento en estos espacios no definieron su postura. 

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Gabriela Vulcano

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