Lo que no se incluya en el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que el presidente Javier Milei firmará para desregular la economía y aplicar una reforma laboral irá en el paquete de leyes que se enviará al Congreso a mediados de esta semana. Las dudas no están centradas en el contenido de las medidas que el Gobierno considera imprescindibles para dar el volantazo económico prometido, sino en evitar cuestionamientos respecto a la constitucionalidad de la herramienta utilizada. 

Las páginas del DNU son cada vez más, casi llegan a las 300. La orden que Milei le dio a su equipo es sumar todo lo posible para poder cumplir con rapidez con lo dispuesto por el ministro de Economía, Luis Caputo, pero además quiere avanzar en otros terrenos como el laboral. El mandatario busca terminar con el actual método de indemnizaciones y reemplazarlo por un seguro de desempleo similar al "Fondo de Cese Laboral de la Uocra", así como también modificar el sistema de multas a los empleadores.   

La discusión que se instaló entre los principales asesores de Milei es sobre hasta qué punto esos cambios se pueden realizar mediante un DNU o si es preciso dar el debate en el Parlamento. En gran medida, eso dependerá de cuán alto reclamen las centrales sindicales, que hasta ahora no fueron más allá de emitir un comunicado, mientras deliberan qué acciones tomar en caso de que el Ejecutivo nacional avance sobre los derechos de los trabajadores. 

El encargado de diseñar la ingeniería jurídica de las reformas libertarias -entre ellas las laborales- es el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, ideólogo de las privatizaciones durante la administración de Carlos Menem. Quienes lo conocen de cerca aseguran que, al igual que en los 90, está dedicado puntillosamente a no dejar ningún cabo suelto, que pueda poner en cuestión la serie de modificaciones que Milei quiere implementar en los primeros tres meses de su gobierno.

Otro de los temas que analizan incluir en el DNU es el capítulo referido a las privatizaciones, aunque también generó un debate interno, tanto en lo referido a los bienes del Estado como a otras áreas. En el caso de las empresas públicas, cualquier privatización debe ser aprobada por el Congreso, según lo establece el artículo 9 de la ley 23.696.

También analizan eludir el debate en cuanto a la suba de retenciones, medida que es cuestionada por algunos gobernadores, como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba). En su mensaje grabado, Caputo dejó a la vista que es de sumo interés del Gobierno avanzar con esta cuestión a fin de no desfinanciar al Estado, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, les hizo llegar esa idea a los mandatarios con los que se reunió la semana pasada.

Los gobernadores, algunos de los cuales ya empezaron a anunciar políticas de ajuste en los distritos que gobiernan, están preocupados por la reversión de la reforma de Ganancias. Aún cuando varios de ellos se pronunciaron en contra, otros -los peronistas- estuvieron a favor de que 2 millones de personas dejen de pagar ese impuesto en el marco de la campaña presidencial de Sergio Massa. Ahora, ninguno está muy convencido de ser el motor del cambio que propone el gobierno libertario. 

Caputo no está dispuesto a aceptar la propuesta de los gobernadores para que se coparticipe el impuesto al cheque, como un modo de suplir las pérdidas que las provincias tuvieron por la modificación de Ganancias. Por el contrario, el titular del Palacio de Hacienda pretende que los mandatarios pongan la cara para dar marcha atrás con esa medida, que fue acompañada por el propio Milei en el Congreso cuando era diputado.

De eso volverán a hablar este martes los gobernadores con Francos, Caputo y Milei, con el objetivo de medir fuerzas. En el Gobierno quieren saber si cuentan con ellos o no para los cambios que aplicarán y en qué medida actuarán como un bloque de poder que trascienda las particularidades partidarias.         

En la administración central tienen en claro que si quieren llevar adelante una reforma política, tributaria o penal deberán dar el debate en el terreno parlamentario. Una de las propuestas que podrían enviar a la Cámara baja a mediados de esta semana es la eliminación de las PASO y la boleta única. Además, esperan mandar una reforma impositiva, a menor escala de la deseada por los referentes de La Libertad Avanza, y discutir la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria, la cual no tiene demasiado consenso entre los diferentes sectores de la oposición.