Un grupo de vicegobernadores expresó su respaldo a la sanción de la moratoria previsional que fue aprobada en Senadores y aguarda tratamiento en Diputado ya que permitirá "el acceso al derecho de la seguridad social" en casos de dificultades para reunir los aportes exigidos.

Para los vicegobernadores y las vicegobernadoras firmantes, la iniciativa legislativa implica abordar "el reconocimiento de las dificultades  a la hora de reunir los servicios con aportes en el complejo mercado laboral y también la valoración del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado".

Estamos frente a un paradigma en el que se intenta poner en juego las capacidades estatales con críticas sistemáticas y a la vez carentes de soporte normativo al rol del Estado como administrador y dinamizador de la economía en tanto desconocen el rol fundamental que debe asumir - aquí y en y los países que honran la inclusión y la equidad distributiva- en el desarrollo económico y social. La pandemia puso de manifiesto la importancia de contar con instituciones sólidas, como la Anses, que aseguren el bienestar.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) existen más de 1,5 millones de personas en edad jubilatoria que no cuentan con los 30 años de aportes que exige la ley, según los datos publicados por el Boletín Estadístico de la Seguridad Social de ANSES.

De ese número, 906.876 tiene aportes, pero no los suficientes para iniciar el trámite jubilatorio y 680.724 directamente no cuenta con aporte alguno para poder acceder a la prestación. Además, agrega el informe, la distribución de los casos resulta particularmente desigual en términos de género, y confirma una nueva brecha: 522.991 mujeres, es decir, 46,1% de quienes están próximas a cumplir la edad jubilatoria, y 157.733 hombres, 17,67% del total de casos varones.

"La desocupación e informalidad laboral persistente implican fundamentalmente que buena porción de trabajadores y trabajadoras no logran cumplir con el extremo legal de años de aportes cuando llegan a la edad jubilatoria", señalaron los vicegobernadores.

La necesidad de aprobar la ley está fundada en que la anterior moratoria bajo el número normativo 26.970 perdió vigencia el 31 de diciembre de 2022. Con esta nueva ley, que se busca prorrogar la norma "que permitió ampliar el acceso al derecho previsional ya que establecía la posibilidad de regularizar la deuda con fecha de corte hasta diciembre de 2003, habilitando así la posibilidad de regularizar mayor cantidad de años solamente para las mujeres ya que no permitía el acceso a los varones".

El proyecto viene siendo defendido además por la titular de la Anses, Fernanda Raverta, quien pidió convocatoria a audiencias en Diputados para discutir el tema.

También cuestionaron a los referentes de la oposición que rechazan el tratamiento de la moratoria. "Queda en evidencia los dos modelos en discusión. Por un lado, pensar un Estado inclusivo, que iguala y por el otro, pensarlo como un observador externo, y así dejar al sector más grande de la población a merced de la supuesta “voluntad contributiva” que, como sabemos, no existe como tal".

El reclamo fue firmnado por los vices de las provincias de Buenos Aires, Verónica Magario; de Catamarca, Rubén Dusso; de Chaco, Analía Rach Quiroga; de Chubut; Ricardo Sastre; de Entre Ríos, María Laura Stratta; de Formosa, Eber Solis; de Jujuy, Carlos Haquim; de La Pampa, Mariano Fernández; de La Rioja, Florencia López; de Neuquén, Marcos Koopmann; de Río Negro, Alejandro Palmieri; de Salta, Antonio Marocco; de San Juan, Roberto Gattoni; de San Luis, Eduardo Mones Ruiz; de Santa Cruz, Eugenio Quiroga; de Santa Fe, Alejandra Rodenas; de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder; de Tierra del Fuego, Mónica Urquiza; y de Tucumán, Sergio Mansilla; y de Misiones, Carlos Arce.