Este miércoles la oposición de Diputados comenzó a tratar una reforma a la ley de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para que la vigencia de estos requieran de la aprobación de ambas Cámaras y se agilice el proceso legislativo para tratarlos. Ante un pronto acuerdo en común entre los múltiples proyectos que presentaron de distintos espacios políticos, ahora el oficialismo planea una estrategia para frenar o dilatar el proyecto. Todo apunta a que culminará en otro veto del presidente Javier Milei.

Ante la consulta de este medio, fuentes de La Libertad Avanza aseguraron que “por supuesto” que rechazarán la iniciativa, la cual apunta a limitar la facultad de legislar que dispone el jefe de Estado. Frente a un escenario de minoría parlamentaria, hasta las elecciones 2025 los DNU son una herramienta clave para el gobierno libertario.

De todos modos, aún no hay una postura definida. Dado que el debate recién empieza, fuentes oficiales se negaron a brindar una declaración concreta sobre cómo procederán y, por ahora, dijeron que quieren esperar a que avance la redacción final del proyecto. “Se habló de un dictamen de minoría”, le confió a BAE Negocios una fuente libertaria del Congreso. Lo plantearon en un grupo de WhatsApp, pero no especificaron qué aspectos de la reforma estarían dispuestos a apoyar.

Ayer, en el primer plenario de comisiones, el único que se pronunció al respecto del espacio oficialista fue el diputado Lisandro Almirón: "Hay un tema de hipocresía: este no es un tratamiento natural. Tenemos un andamiaje en el que las mayorías imponen la gobernabilidad a quien le toca gobernar”, expresó.

El oficialismo también cuenta con el usual apoyo del PRO, a pesar de que este espacio en el pasado ha impulsado la modificación de esta normativa. “¿Por qué ahora?”, cuestionó la diputada amarilla Silvana Giúdici, habitué de Casa Rosada. De todos modos, entre ambas bancadas no tienen el número para rechazarlo: con 37 votos entre ambos bloques, el Gobierno tendrá que buscar apoyo en partidos dialoguistas provinciales. Las fuentes consultadas no ven con optimismo esta estrategia: “El bloque está esperando que el Ejecutivo opere sobre los dialoguistas… Personalmente, lo veo complicado”, agregaron.

Lo cierto es que, en esta oportunidad, la oposición se avecina muy resistente a las negociaciones. Todos los sectores “dialoguistas” se unieron para llevar a cabo un proyecto en común y esperan, tras una sola reunión de comisión, obtener un dictamen antes de que termine octubre. Este será efectuado por las comisiones de Asuntos Constitucionales, Peticiones, Poderes y Reglamentos, a cargo del diputado de LLA, Nicolás Mayoraz, y la diputada del PRO, Silvia Lospennato.

Como contó este diario, las propuestas abundan de sectores como la Coalición Cívica, Encuentro Federal y la UCR. Lo que buscan, esencialmente, es que se reforme la ley 26.122 que impulsó Cristina Fernández de Kirchner en 2006, durante la gestión del expresidente Néstor Kirchner. Esta liberó el camino para que la vigencia de los DNU se mantengan con el respaldo de un tercio de una sola Cámara. Ahora, con Milei de Presidente, el peronismo busca retrotraerla, aunque cautelosamente discutida.

Luego de llegar a un consenso para que el proceso parlamentario requiera, nuevamente, de la aprobación de tanto Diputados como el Senado, ahora la oposición busca ponerse de acuerdo sobre los plazos de vigencia para que los DNU se deroguen si el Congreso no se expide en un tiempo determinado. Se discute que sean entre 30 y 120 días desde la presentación del Jefe de Gabinete. También promueven la posibilidad de que las Cámaras aprueben o rechacen un DNU parcialmente, que se prohiban los megadecretos que abordan más de un tema, y que se amplíe la comisión Bicameral de Trámite Legislativo de 8 a 12 miembros por Cámara, entre otras cuestiones.

De la reunión de ayer trascendió, como publicó este medio, que la estrategia será intentar dilatar el tratamiento del proyecto. Con la discusión de Presupuesto 2025 en el medio y menos de dos meses de ordinarias, no será tan difícil que eviten este año legislativo. Tanto el PRO como el oficialismo no descartan que, eventualmente, se trate de un proyecto útil para el próximo gobierno de turno. De no conseguirlo, Milei continuará posponerlo con un veto que, por lo menos, prolongará los plazos de la aprobación.