El fallo de la Corte Suprema de Justicia le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires con respecto a su autonomía para decidir la implementación de clases presenciales en medio de la pandemia de coronavirus, luego de que Alberto Fernández ordene que se pase a la virtualidad mediante un decreto de necesidad y urgencia a mediados de abril.

La Corte, que intervino en el conflicto iniciado por la Justicia porteña, estableció que "la CABA y las provincias pueden regular la apertura de las escuelas", mientras que "el Estado nacional sólo puede regular el ejercicio del derecho a la educación de modo concurrente con las provincias", pero no tiene la potestad para decidir o no la presencialidad de las clases.

Así, de forma "unánime", se hizo lugar a la demanda que se había presentado contra el DNU  "reconociendo que, en el caso se violó la autonomía de la CABA".

El fallo no tiene efecto sobre el primer decreto de suspensión de clases presenciales (que motivó el conflicto entre Nación y Ciudad), ya que venció el viernes pasado, pero sí establece la pauta para el nuevo DNU vigente desde el 1 de mayo. De esta forma, la Ciudad podrá continuar con las clases presenciales si así lo desea.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, estableció para esta etapa que sólo el nivel secundario tenga clases "bimodales" (mezcla de virtuales y presenciales), mientras que para el nivel inicial, primario y especial las escuelas siguen abiertas.

En la decisión de la Corte se reconoce que, debido a que ya venció el plazo de vigencia del DNU (que era hasta el 30 de abril), la sentencia llega fuera de tiempo, pero esto se dio así ya que el Presidente la Corte, Carlos Rosenkrantz, le dio un plazo de vista de 5 días hábiles al gobierno y luego 5 días hábiles de vista al Procurador. Por eso no se declara la inconstitucionalidad del decreto, pero sirve para tener como referencia a futuro, "dado que circunstancias como las examinadas en la causa pueden prorrogarse o repetirse en el futuro", como es el caso del nuevo decreto presidencial que aplica al Área Metropolitana de Buenos Aires.

"La CABA y las provincias pueden regular la apertura de las escuelas conforme con las disposiciones de la ley 26.606 y la resolución 387/21 del consejo federal de educación, priorizando la apertura y la reanudación de las clases presenciales", indica el fallo.

La Corte remarcó que "el Estado Nacional sólo puede regular el ejercicio del derecho a la educación de modo concurrente con las Provincias, estableciendo las bases, pero no puede, normalmente, sustituirlas, ni decidir de modo autónomo apartándose del régimen legal vigente", en base a la ley de Educación n° 26.606.

Clases presenciales: qué falló la Corte

La sentencia se compone de un voto de Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, otro de Rosenkrantz y otro de Ricardo Lorenzetti. Los dos últimos adhieren al voto de Maqueda-Rosatti.

Bajo el fundamento del federalismo y la autonomía de la Ciudad, indican que el Estado Nacional se encontraba obligado a explicar los antecedentes que lo llevaron a decidir la suspensión de clases, explicitando además la adecuada proporcionalidad entre el objeto de la decisión y su finalidad, que se debe corresponder con la de las normas competenciales invocadas por el órgano emisor, pero el Estado no fundamentó claramente esa intervención.

En este sentido, argumentan que tanto la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para definir la modalidad educativa como la atribución federal para atender a una emergencia sanitaria deben entenderse en el marco del federalismo que ordena la Constitución Nacional.

Además, plantean que las alegaciones del Estado para suspender la presencialidad (cantidad de personas que utilizaron el transporte público de manera coincidente con el inicio de las clases presenciales, la circulación masiva de personas entre el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, o el aumento de la proporción de casos de COVID-19 en personas jovenes) al no dar detalles  sobre la incidencia de la educación presencial en la propagación del COVID-19, no alcanza para justificar que una competencia sanitaria federal decida sobre la modalidad educativa porteña.