El Gobierno presentó ante la Corte Suprema un recurso de per saltum para que intervenga de manera directa y deje sin efecto la suspensión de la reforma laboral. El planteo busca evitar instancias intermedias y acelerar una definición sobre la Ley 27.802.

La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro de la Nación, que pidió revisar el fallo del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63. Ese tribunal había dictado el 30 de marzo una medida cautelar que suspendió la aplicación de 83 artículos de la norma.

Qué pidió el Gobierno

En el escrito, el Estado reclamó que el máximo tribunal declare admisible el recurso, suspenda los efectos de la cautelar vigente y revoque la decisión judicial. La Procuración actuó en representación de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano.

Además, cuestionó la competencia del juez laboral y sostuvo que no existe un caso judicial concreto ni una legitimación colectiva válida.

El origen del conflicto

La causa se inició a partir de una presentación de la CGT, que pidió declarar la inconstitucionalidad de varios artículos de la reforma laboral. 

La central obrera argumentó que los cambios afectan derechos constitucionales, como la protección del trabajo, la libertad sindical, el acceso a la Justicia y el principio de progresividad de los derechos sociales.

El juez laboral Raúl Ojeda hizo lugar a la cautelar y suspendió con alcance general los artículos cuestionados.

Los argumentos del Estado

La Procuración sostuvo que la CGT no acreditó un perjuicio concreto ni identificó un caso específico, y afirmó que la demanda se basa en planteos generales. También señaló que la central sindical no tiene representación suficiente para actuar en nombre de todos los trabajadores del país.

Otro punto central del planteo es la competencia. El Estado indicó que el caso debe tramitar en el fuero Contencioso Administrativo Federal, ya que involucra al Estado nacional y tiene impacto en todo el territorio. En esa línea, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 ya intervino el 10 de abril y solicitó el expediente.

"Gravedad institucional"

El Gobierno calificó la situación como de "gravedad institucional" y advirtió que la suspensión de una ley nacional por parte de un tribunal de primera instancia afecta la división de poderes. También sostuvo que la medida genera incertidumbre sobre la vigencia de la reforma laboral y afecta la seguridad jurídica.

Según el escrito, permitir este tipo de decisiones podría habilitar a otros jueces a suspender leyes nacionales con alcance general.

El per saltum apunta a que la Corte Suprema intervenga de forma inmediata. Para el Gobierno, es la única vía eficaz para revertir la cautelar y restituir la plena vigencia de la Ley 27.802 mientras se resuelve el fondo del caso.