La Justicia decidió este miércoles  posponer hasta el 14 de octubre el desalojo de la toma de Guernica, al hacer lugar a un pedido del gobierno de Axel Kicillof, en medio de tensión con los ocupantes que no quieren dejar el lugar.

La comisión interministerial del Ejecutivo Provincial, conformada por los ministros de Desarrollo de la Comunidad; Justicia y Derechos Humanos y Mujeres, Políticas de Género, y Diversidad Sexual, realizó el pedido ante el juez de Garantías número 8 de La Plata, Martin Rizzo, un día antes de la fecha dispuesta para el procedimiento.

La solicitud se realizó en horas del mediodía durante la audiencia solicitada por el Gobierno provincial para informar los avances del plan de contingencia aprobado por el juzgado. Pasadas las 19:00, el magistrado hizo lugar a la solicitud y volvió a postergar el procedimiento.

Según informó la Provincia, la petición se fundó en dos hechos nuevos que tienen alta relevancia a los efectos de resolver el conflicto: "Por un lado, el importante nivel de adhesión a la propuesta de desocupación voluntaria en las últimas 48 horas (que alcanza a casi el 20% de las familias) y por otro lado el lanzamiento, en el día de ayer, del Plan de hábitat, vivienda y suelo que brinda instrumentos para sentar las bases de una respuesta de fondo a la deficiencia habitacional de la provincia de Buenos Aires".

"Estamos sobre la fecha límite. Hay una orden de la Justicia de desalojar y hay que cumplirla. Queremos que sea con el menor daño colateral posible", sostuvo la ministra de Gobierno provincial, Teresa García, antes de la decisión del juez.

"Se trabajó mucho con la familias, se hizo un censo y requerimiento de necesidad habitacional. Habrá una resolución pacífica. Apelamos a voluntad de las familias de que verdad están por necesidad. Hay familias que ya se retiraron del predio", agregó García en declaraciones radiales.

Por su parte, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, también se refirió este miércoles a la toma de Guernica y remarcó que "sólo 30 familias están en situaciones de calle" de las 1.500 que se encuentran allí, mientras que "hay 200 que aceptaron la propuesta y se van a retirar voluntariamente de la toma".

"Pedimos y trabajamos para que sea una salida pacífica. Los que tenemos responsabilidades institucionales tenemos que ceñirnos a la norma", planteó Bianco en declaraciones radiales.

Previamente, la administración bonaerense analizó varias alternativas, entre ellas, la posible adquisición de una parte del predio a través de un fideicomiso y la búsqueda de otras tierras en la provincia que el Gobierno podría adquirir para recuperar luego parte del dinero con la cuota que paguen los habitantes.

Una vez conocida la resolución judicial, fue el propio gobernador Axel Kicillof quién confirmó la la medida al señalar que "se pospone hasta el 14 el desalojo" lo que "da un tiempo más como resultado de lo que se consiguió con esta política de desalojo voluntario".

El mandatario bonaerense dijo que "muchos de los que participaban de la toma han decidido abandonarla de manera voluntaria y pacíficamente" y precisó que en el lugar, "hay familias que están ahí por diferentes motivos y también otro tipo de actores, por lo que estamos haciendo un trabajo casi a medida". 

En esa dirección, se refirió al anuncio que realizara  el martes, al que consideró como "muy importante" porque "hacía décadas que no había un plan tan relevante para suelo, vivienda y hábitat", por lo que "el Gobierno de la provincia, en combinación con el gobierno nacional y los 135 Municipios nos pusimos metas muy exigentes para la generación de lotes con servicios y la construcción de viviendas".

Por su parte y ante la consulta de BAE Negocios, una fuente de la gobernación precisó que a partir de la resolución judicial "la idea es que la gente se comience a empadronar en el marco del plan que lanzamos para asignarle luego, un terreno con servicios, pero no es que el lugar se lo vamos a dar porque sí".

"Muchos no quisieron ser parte del censo, por lo que tenemos que ver que eso se cumpla, pero además, nos dimos cuenta que en la toma hay grupos radicalizados que no quieren saber nada con negociar y eso dificulta las negociaciones", destacó el vocero.

Dijo además que a partir de ahora "habrá que conseguir terrenos, trabajo que tenemos que hacer con los municipios y por eso se la designó a Teresa García (Ministra de Gobierno) para coordinar la unidad, porque son varios los ministerios que van a estar abocados a este tema, como Hábitat de nación y provincia, ARBA y la Anses".

Los números que arrojó el censo en la toma reveló que hay 1.309 familias con niños, niñas o adolescentes, 307 personas adultas solas y 288 casos restantes que corresponden a otro tipo de constitución (más de dos adultos sin menores, parejas sin hijos, etc).

Otra fuente de la gobernación, precisó que hasta el martes "165 familias habían acordado salir de la toma y con las restantes, se sigue conversando", destacó también que en lo inmediato, "las mujeres que sufren violencia de género o las personas en situación de calle van a poder ir a los refugios", mientras que "a las familias que están hacinadas, se les proveerá de materiales para ampliar su vivienda, pero todo dependerá de cada caso".