El gobierno de Axel Kicillof extendió este lunes el periodo de aceptación de la propuesta original de canje de deuda por 7.148 millones de dólares con fecha límite para el próximo 7 de mayo. También abrirá una ronda de consultas con acreedores para  enmendar la oferta: “La Provincia ha buscado permanentemente maneras de llegar a un entendimiento con sus bonistas”, aseguraron las autoridades de la provincia de Buenos Aires.

En un comunicado emitido por el Ministerio de Hacienda y Finanzas provincial se destacó que luego de la invitación que lanzó hace más de un año, el 24 de abril de 2020, hubo un “diálogo constante” entre los funcionarios bonaerenses y los bonistas. 

"Durante este tiempo la Provincia ha buscado permanentemente maneras de llegar a un entendimiento con sus bonistas, siempre dentro de un marco de sostenibilidad de la deuda provincial", aclaró el texto que oficializó la prórroga por decimoquinta vez y que vencerá en 11 días.

El documento oficial agregó que "al finalizar conversaciones restringidas, recientemente se hicieron públicos términos indicativos para una posible mejora en la propuesta inicial, y en base a ellos se continuó dialogando de buena fe e identificando posibles mejoras sobre estos últimos".

En ese contexto, la cartera afirmó que el Gobierno "todavía confía en un último esfuerzo” para alcanzar un entendimiento con una mayoría de acreedores, siendo este “el único motivo para no haber enmendado formalmente la invitación".

"La Provincia permanece comprometida con una negociación de buena fe, y ha dado muestras de ello a lo largo de todo el proceso, a pesar de la actitud intransigente de algunos acreedores individuales", sostuvo el comunicado publicado este lunes.

En este sentido, las autoridades ponderaron como "prueba del diálogo de buena fe" a la invitación a las rondas de consultas para poder enmendar la oferta original y rechazaron las "falsas acusaciones que un grupo de bonistas realizaron el pasado 22 de abril, a través de un comunicado".

La denuncia de los bonistas 

Hace un mes, acreedores de la provincia demandaron al gobierno bonaerense con dos solicitudes en paralelo. Entre ambas, los denunciantes reclaman el pago de 366 millones de dólares.

Las denuncias que llegaron a la corte del Distrito Sur de Nueva York -que ya tiene varios expedientes que involucran a la Argentina- están firmadas por el estudio White & Case. Ese estudio es conocido en la Argentina porque también negoció la reestructuración de la deuda soberana y de las obligaciones de Córdoba, el canje reciente de YPF y realizó una demanda contra la provincia de Entre Ríos.

Este estudio representa al grupo de acreedores Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Buenos Aires. En las demandas los bonistas alegaron un "continuado default de los pagos programados de intereses y/o capital bajo cada una de estas series de bonos". Entre los acreedores que iniciaron acciones legales figura el fondo Amundi y los sistemas de pensión de empleados del estado de Luisiana y del condado de San Bernardino.