El gobierno nacional oficializó esta mañana la prórroga de la ley que prohíbe efectuar despidos o suspensiones sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor. La extensión será hasta el 31 de mayo. Un cambio en el nuevo decreto es que la decisión no alcanza esta vez a la industria de la construcción.  

Tal como adelantó ayer BAE Negocios, este jueves se publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 266/2021 que amplió la cobertura establecida por la Ley N° 27.541 y el Decreto N° 34/19.  La restricción a despidos y suspensiones era una de los planteos que había realizado la CGT a la Casa Rosada durante la última reunión que mantuvieron ambas partes.

"Tales medidas constituyen herramientas de política laboral necesarias para preservar los puestos de trabajo, priorizando la protección de las trabajadoras y los trabajadores en cumplimiento de las garantías establecidas por la Constitución Nacional", afirmó el gobierno a través del decreto.

¿Qué sucede si no se respeta la ley?

De acuerdo al documento oficial, en el caso de que ocurran despidos o las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto por el presente decreto, las decisiones del empleador "no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales".  

¿Quiénes quedaron afuera de la ley antidespidos?

El texto aclaró que la decisión no alcanza a la industria de la construcción. Además, las prohibiciones no serán aplicables a las contrataciones celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto N° 34/19 ni al Sector Público Nacional, "con independencia del régimen jurídico al que se encuentre sujeto el personal de los organismos, ni a sociedades, empresas o entidades que lo integran".

¿Qué otras medidas se extendieron?

El Poder Ejecutivo también extendió hasta el 31 de mayo lo dispuesto en el Decreto Nº 39/21, respecto de la totalidad de los trabajadores dependientes incluidos en el ámbito de aplicación personal de la Ley N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y que hayan prestado efectivamente tareas en sus lugares habituales, fuera de su domicilio particular.

Según el DNU, el financiamiento de estas prestaciones será imputado al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales, y deberá garantizarse el mantenimiento de una reserva mínima equivalente al 10 % de los recursos de este último, con el objeto de asistir el costo de cobertura prestacional de otras posibles enfermedades profesionales, según se determine en el futuro.

El Gobierno justificó esta decisión al señalar que "en virtud de la prolongación de la emergencia en el tiempo y el agravamiento de la situación imperante, deviene necesario prorrogar la oportuna adopción de medidas de idéntica índole asegurando a los trabajadores y a las trabajadoras que esta emergencia no les hará perder sus puestos de trabajo".