La reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei será tratada en el Senado el próximo 10 de febrero, en el marco de las sesiones extraordinarias. Así lo anunció este jueves la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quien explicó que la postergación responde a la necesidad de reunir mayores consensos en torno a la iniciativa oficial.

El anuncio se produjo durante el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, que se reanudó por la tarde tras un cuarto intermedio destinado a escuchar a los últimos expositores. Allí, Bullrich aclaró que el despacho sigue "abierto a nuevos cambios" y que el oficialismo buscará mejorar el texto antes de llevarlo al recinto.

Negociaciones con aliados y bloques provinciales

Para asegurarse el dictamen de mayoría y una votación favorable en febrero, Bullrich confirmó que durante enero mantendrá negociaciones con los bloques de la UCR, el PRO y con senadores de fuerzas provinciales de Misiones, Salta, Tucumán, Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Cambio Federal.

Si bien el oficialismo libertario podría conseguir el dictamen de comisión en las próximas horas, la discusión en el recinto quedó formalmente postergada. La estrategia apunta a evitar un escenario de derrota en el Senado, en un contexto político sensible tras los traspiés sufridos en la Cámara de Diputados.

Presupuesto 2026, prioridad inmediata

Con la reforma laboral fuera de la agenda inmediata, el Gobierno concentrará sus esfuerzos en avanzar con el Presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal. Ambas iniciativas serían tratadas y sancionadas el viernes 26 de diciembre, con el objetivo de cerrar el período de sesiones extraordinarias convocado por el Poder Ejecutivo hasta el 30 de diciembre.

La decisión de postergar la reforma laboral se tomó luego del revés que sufrió el oficialismo en Diputados, donde no logró avanzar con la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, incluidas en el controvertido artículo 75 del Presupuesto.

Tensión política tras el debate en Diputados

Lo ocurrido en la Cámara baja impactó de lleno en el Senado. La caída del capítulo que incluía las derogaciones, junto con el conflicto por la designación de autoridades en la Auditoría General de la Nación (AGN), tensó al máximo la relación entre el oficialismo y sus aliados.

Durante la madrugada, varios bloques dialoguistas votaron en contra de artículos clave del Presupuesto y denunciaron una violación constitucional por la designación de la AGN fuera del temario de sesiones extraordinarias. El PRO formalizó su malestar con un duro comunicado y tomó distancia del oficialismo, lo que obligó a recalcular la estrategia parlamentaria.

En la cúpula libertaria no descartaban incluso vetar el Presupuesto en caso de que se sancione sin cambios, al considerar que el mantenimiento del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad vulnera el objetivo de déficit cero.

La presión de la CGT y el clima social

La postergación del tratamiento de la reforma laboral se dio en paralelo a una masiva movilización de la CGT en Plaza de Mayo, en rechazo al proyecto oficial. La central obrera calificó la iniciativa como "regresiva y precarizadora" y advirtió que podría avanzar hacia un paro nacional si el Gobierno insiste con su aprobación.

En un documento difundido durante la jornada, la CGT sostuvo que la reforma "no actualiza derechos ni genera empleo", sino que promueve contratos precarios, despidos más baratos, jornadas extendidas y salarios fragmentados. Además, alertó que la iniciativa limita la acción gremial, debilita la negociación colectiva y compromete el financiamiento del sistema jubilatorio.

A la movilización se sumaron la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, ATE, la UTEP y diversos gremios estatales y del sector privado, en una jornada que también expresó el rechazo al Presupuesto 2026.

Un debate que se traslada a febrero

Con la reforma laboral ahora agendada para el 10 de febrero, el Gobierno busca ganar tiempo para recomponer apoyos y reducir el nivel de conflictividad política y social. La CGT, en tanto, dejó en claro que la postergación no implica una tregua y que el proyecto seguirá siendo resistido en las calles y en el Congreso.

El debate sobre el futuro del régimen laboral quedó así abierto y condicionado a un verano de negociaciones intensas, con un escenario político marcado por la fragilidad de las mayorías y la presión sindical.