Javier Milei redobló la apuesta y desafió al Congreso a que apruebe en el lapso de un mes una ley "ómnibus" de 664 artículos, en los que se establece la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria, cambios impositivos, una reforma electoral y privatizaciones de empresas públicas. En simultáneo, solicita al Poder Legislativo que le delegue facultades al Poder Ejecutivo durante todo su mandato (hasta fines de 2025 con posibilidad de prórroga por dos años) en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social.

El mega proyecto de ley dejó boquiabiertos a los opositores. La mayoría de ellos saben que el debate, de por sí, asoma tan engorroso como el del DNU 70/2023, aunque tengan la posibilidad de rechazar o aprobar cada uno de los artículos de la iniciativa de 351 páginas. Con el decreto, no tienen esa opción. Aún así, a través de una y otra herramienta, el gobierno de La Libertad Avanza propone refundar el país, al punto de derogar y modificar una gran cantidad de leyes que atañen a diferentes aéreas, muchas de las cuales fueron debatidas durante largos meses, incluso años, a lo largo de los últimos gobiernos.

Bajo el título "Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos", se propone una modificación de Bienes Personales, un blanqueo de capitales, la eliminación de las PASO, modificación de la distribución de las bancas en el Congreso y, como parte de las reformas del Estado que promueven los libertarios, se incluyen las privatizaciones de empresas públicas (AYSA, YPF, Aerolíneas Argentinas, Banco Nación, Fabricaciones Militares, Ferrocarriles Argentinos, ARSAT, Telam y Radio y Televisión Argentina, entre otras).

También se deroga la actual fórmula de movilidad jubilatoria y en su lugar se establece que será el Ejecutivo nacional el que realice los aumentos mediante decreto. Asimismo, se transfieren los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad al Tesoro Nacional. 

Se modifica la Ley de Bosques, favoreciendo el desmonte; y la Ley de Glaciares para habilitar la actividad minera. En el terreno de la educación se fijan varios cambios, entre ellos autorizan a las universidades a que arancelen "la educación de extranjeros no residentes". 

En otro de los capítulos, la iniciativa cercena la libertad de reunión, reprime el derecho a la protesta, sube las penas para quienes realicen cortes de calles (4 años) y fija penas de prisión de 3 a 6 años "a quienes mediante intimidación, simulando una autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguean a otros a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta".

También se ratifica el DNU 70/2023, es decir, el Ejecutivo nacional apunta a validar el decreto a través de la ley, evitándose así el tratamiento en la comisión bicameral.  

Ante la letra del proyecto, que ingresó a las 15 en la Cámara de Diputados, los primeros en reaccionar fueron los legisladores de Unión por la Patria, que mantuvieron un encuentro en el tercer piso del Palacio Legislativo con los gobernadores peronistas. Algunos participaron por zoom, otros de manera presencial, como Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja). En la charla también estuvieron Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Sergio Ziliotto (La Pampa).   

"Quieren cerrar el Parlamento directamente", dijo uno de los senadores que asistió al cónclave, en el que se habló del DNU, el mega proyecto y la situación de los mandatarios provinciales en cuanto a la escasez de recursos, razón por la que varios de ellos acudirán a la Justicia para que se coparticipe el impuesto al cheque, ante la resistencia del Ejecutivo nacional de llevar adelante esa medida.    

El bloque de PRO, que conduce Cristian Ritondo, también se reunió de urgencia por zoom para hacer un primer análisis de la iniciativa. Los legisladores volvieron a ratificar su decisión de acompañar al gobierno de Milei para que ponga en marcha su plan. La decisión de apoyar el DNU ya estaba tomada, ahora sólo resta que ese espacio defina si votará a favor de todos los puntos del texto que llego a la Cámara baja o sólo de algunos. 

El radicalismo evitó pronunciarse, al menos desde el bloque de diputados de la UCR, que encabeza Rodrigo De Loredo. Uno de los pocos legisladores que se refirió al tema fue Martín Tetaz, que remarcó en su cuenta de la red social X que "las facultades delegadas son una mala idea, en todo momento y lugar", en alusión a que el Congreso le delegue facultades al Poder Ejecutivo.

Otra de las que opinó en las redes sociales fue la diputada radical Karina Banfi: "La UCR siempre se opuso a los superpoderes y a delegar facultades del Congreso al Ejecutivo. No se puede legislar a ciegas, cada propuesta deberá garantizar mejoras para jubilados, trabajadores y/o empresarios y defender las minorías que deben tener representación en el Congreso". 

El principal cuestionamiento de los opositores respecto a este tema radica en la cantidad de tiempo que Milei pretende que se le otrorguen facultades del Poder Legislativo. Según dispone el artículo tercero, el plazo será hasta el 31 de diciembre de 2025 y se podrá prorrogar por dos años más, lo que implicaría que durante cuatro años -lo que dura el mandato del presidente- el Parlamento quedaría virtualmente parado.         

En el peronismo, así como en algunos sectores de la UCR y del flamante bloque Hacemos Coalición Federal -que integran los diputados de la Coalición Cívica, Cambio Federal y Hacemos por Córdoba-, hay cierta preocupación por cómo se dará el debate en un mes, no sólo en cuanto al funcionamiento, sino también al rol que tendrá el propio Milei ante el debate público, luego de que el martes último dijo que algunos legisladores buscaban "coimas" por el sólo hecho de no querer apoyar el DNU.