La Corte Suprema le dio este martes la razón a la Ciudad de Buenos Aires en su disputa con el Gobierno nacional por la suspensión de las clases presenciales, haciendo hincapié en el federalismo y la autonomía de las jurisdicciones.

El fallo no declara la inconstitucionalidad del DNU 241/2021 del 16 de abril , debido a que ya venció, sino que dicta indicaciones a futuro, que resultan cruciales debido a que el DNU 287/2021 del 1 de mayo extendió las suspensión de la presencialidad escolar en el AMBA y en otras zonas consideradas en "alerta epidemiológica".

La Corte Suprema falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires 

Básicamente, la postura de la Corte es que la Ciudad de Buenos Aires y las provincias son autónomas para decidir en materia educativa y que Nación solo puede regular el derecho a la educación de forma "concurrente" con las jurisdicciones. 

El fallo se compone de tres votos separados, aunque los tres van en el mismo sentido: por un lado el de Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, por otro el de Carlos Rosenkrantz y por otro el de Ricardo Lorenzetti. Elena Highton no votó por considerar que el caso no es competencia de la Corte.

¿Qué dice cada uno de los votos?

El voto de Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti

Maqueda y Rosatti, en su voto conjunto, le dieron la razón a CABA fundamentándose en el federalismo y la autonomía de la Ciudad.

En cuanto al federalismo, consideran que "el Estado Federal en lugar de ejercer una atribución propia invadió una que le resulta ajena" pues "la atribución federal para atender a una emergencia sanitaria deben entenderse en el marco del federalismo que ordena la Constitución Nacional". Básicamente, que el argumento sanitario del Gobierno nacional no puede ser absoluto e imponerse sin más sobre el criterio educativo.

Además, Maqueda y Rosatti argumentaron que el Estado Nacional, a través del procurador del Tesoro Carlos Zannini, no fundamentó claramente la intervención contra la presencialidad escolar, sobre todo en cuanto a "la proporcionalidad entre el objeto de la decisión y su finalidad". 

En ese sentido, consideran que el foco del Gobierno nacional en el crecimiento de los casos en niños y adolescentes por la mayor circulación se da "sin mayores explicaciones sobre la particular incidencia relativa de la educación presencial en la propagación del Covid-19" y que por lo tanto "no alcanza para justificar el ejercicio de una competencia sanitaria federal".

El voto de Carlos Rosenkrantz

Rosenkrantz, presidente del tribunal, también argumentó basándose en la autonomía porteña. En este sentido, consideró que el Estado Nacional solo podría validar la suspensión de la presencialidad escolar en CABA a través del Congreso, fundamentándola en las facultades del parlamento para "reglar el comercio entre las provincias" 

En este sentido, y respecto al federalismo, el titular de la Corte argumentó que "si se usurparan las funciones que corresponden a los gobiernos locales sin duda se subvertiría el carácter representativo del sistema pues se disociaría a los gobiernos locales de las políticas que rigen en sus respectivos territorios, liberándolos de la responsabilidad que les cabe por ellas".

De manera similar a Maqueda y Rosatti, Rosenkrantz considera que el argumento sanitario del Estado Nacional de suspender las clases para que haya una menor circulación entre CABA y la provincia de Buenos Aires "no satisface las exigencias de justificación referidas". 

Dada la obligación de las provincias de garantizar el derecho a la educación, resulta "inaceptable que la pretensión de limitar la competencia de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias por parte del Estado Nacional (en materia educativa) se funde en consideraciones meramente conjeturales conectadas a la presunta eficacia para la realización de otros objetivos que el Estado Nacional pueda considerar como socialmente valiosos", argumentó el presidente el cuerpo.

Por ello, Rosenkrantz afirma que el DNU del 16 de abril firmado por Alberto Fernández "configura una intromisión, durante ese período, en las facultades que corresponden al gobierno autónomo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

El voto de Ricardo Lorenzetti

Ricardo Lorenzetti, por su parte, evaluó el peso relativo que deben tener el derecho a la educación y el derecho a la salud. Al respecto, consideró: "El Estado no tiene facultades para limitar el derecho de una persona para ejercer su derecho a la educación, excepto cuando puede constituirse en una causa de daños a terceros (Art 19 CN), siempre que ello no signifique una afectación esencial del derecho, lo que ocurre cuando la medida es reiterada en el tiempo o implica una profundización irrazonable de las restricciones que impidan el acceso a la educación de calidad".

En ese sentido, y en base a jurisprudencia previa de la propia Corte, Lorenzetti argumenta que tanto el derecho a la salud como el derecho a la educación son "concurrentes" entre Nación y las provincias o CABA, es decir, que no pueden ser impuestos unilateralmente por ninguna de ellas. 

En caso de desacuerdo entre las partes, como sucedió con el DNU del 16 de abril, en este caso respecto a la presencialidad escolar, "hay una guia relevante en las pautas que fija el Consejo Federal de Educación", consideró Lorenzetti. 

"Dicho Consejo, dictó la resolución 387/21 (12/02/21) que priorizó la apertura de las escuelas y la reanudación de clases presenciales en todo el país bajo condiciones de seguridad sanitaria y cuidado de la salud de la comunidad educativa, en forma escalonada, conforme con la situación epidemiológica en las unidades geográficas de menor escala en las que resulte posible evaluar el riesgo sanitario y epidemiológico imperante", argumentó el ex presidente del tribunal, y agregó que "esta guía no puede ser sustituida por los jueces que carecen de información suficiente para decidir sobre cuestiones vinculadas a la salud pública".