Ayer prestaron declaración en el juicio por supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, Luis Clemente Rajuán y Analía Iris Sánchez Zolezzi, ambos funcionarios técnicos de carrera que se desempeñan en la Oficina Nacional de Presupuesto desde hace más de una década.

Como ocurrió el lunes, los testigos desbarataron la acusación armada en contra de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Concretamente señalaron que no hubo irregularidad alguna en la confección de las leyes de Presupuesto votadas por el Congreso de la Nación durante el período 2003-2015, que autorizaron la realización de cada una de las 51 obras investigadas en este juicio.

De manera particular, el licenciado Rajuán, quien declaró durante más de dos horas, afirmó además que el Congreso aprobó en tiempo y forma las cuentas de inversión correspondientes a todos los períodos investigados, en las cuales se informaba en forma particular la manera en que habían sido ejecutadas todas estas obras.

Al ser interrogado por una de las defensas acerca de si la escasa densidad poblacional que reviste una provincia -como es el caso de Santa Cruz- puede significar un impedimento para que recibiera obras públicas en materia vial, el testigo fue categórico al desmentir tal consideración, explicando que lo verdaderamente relevante es el impacto económico y social que este tipo de inversiones puede aparejar.

Por otro lado, también recordó que desde la reforma constitucional de 1994, la formulación y ejecución del Presupuesto recae sobre la figura del jefe de Gabinete, señalando expresamente que la Oficina Nacional de Presupuesto nunca recibió instrucciones por parte de la primera mandataria sobre la forma en que sus funcionarios debían llevar a cabo su tarea.

Finalmente, corroborando lo que las defensas habían explicado durante la etapa instructoria, Rajuán también descartó que se hubiesen presentado circunstancias anormales en las reasignaciones de partidas que se llevaron a cabo una vez que cada Presupuesto era aprobado. También explicó que era normal que la ejecución de las obras se delegara a través de convenios a cada una de las provincias, las cuales pasaban a ser los organismos responsables del control de dichas partidas.