En los últimos 25 años, la Argentina logró convertirse en un ejemplo mundial sobre políticas de equidad, inclusión y diversidad de género. El Estado comenzó a hacerse cargo del rol que ocupa en la sociedad a la hora de brindar oportunidades, combatir la violencia y la discriminación, y, sobre todo, impulsar un cambio cultural en cuanto a las dinámicas de género. Los preconceptos y estereotipos se pusieron en cuestionamiento, pero no siempre fue así.

Hace 25 años, en 1997, la Argentina atravesaba una época de fuertes cambios que, sin embargo, parecían llegar bastante tarde: recién en la década anterior se había conquistado el derecho al divorcio y a la patria potestad compartida, y se había recuperado la posibilidad de usar, comprar y vender de anticonceptivos, lo cual había sido prohibido durante la dictadura. Las mujeres buscaban ampliar su participación civil y política y el Estado comenzó a darles las herramientas para hacerlo.

Cupos

Una de las políticas más importantes para la participación femenina en espacios de decisión había entrado en vigencia en 1992: la ley de cupo femenino estableció que al menos el 30% de las listas de candidatos que presentan los partidos en las elecciones estuviera ocupado por mujeres.

Si bien hasta hoy no hay ninguna ley que indique una composición igualitaria de las cámaras del Congreso, en 2017 materializó una iniciativa superadora del cupo de 1992: se sancionó la Ley 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política, que establece que en las listas se debe intercalar mujeres y varones para garantizar un 50% de representación de cada uno de los géneros. Esto no tiene en consideración a las personas que se ubican por fuera de ese binarismo.

A pesar de que aún faltan políticas que insistan en una mayor participación legislativa de las personas no binarias, un logro histórico en este ámbito fue la ley de Cupo Laboral Travesti Trans del 2020. La misma establece que al menos el 1% de los cargos del sector público nacional deberán ser ocupados por personas travestis y trans.

Asignaciones sociales

A partir del gobierno de Néstor Kirchner en 2004, y con las sucesivas presidencias de Cristina Fernández de Kirchner, hubo un auge de políticas de protección social e inclusión atravesadas por la perspectiva de género. Entre ellas se destacan planes sociales que continúan hasta hoy.

La Asignación Universal por Hijo, lanzada en 2009, fue bisagra. Está destinada especialmente para que madres de bajos recursos puedan garantizar los cuidados mínimos de sus hijos. En 2012 se sumó la Asignación por Embarazo y, en diciembre de 2019, al asumir el presidente Alberto Fernández, se puso en marcha la Tarjeta Alimentar, que suma un monto extra para familias con hijos pequeños que cobran éste y otros programas.

Otra de las asignaciones sociales destacadas del primer mandato de Cristina Kirchner fue Ellas Hacen, un programa con contraprestación laboral apuntado específicamente a madres beneficiarias de la AUH que estuvieran sin trabajo.

Por otro lado, en 2020 se creó el programa Acompañar, que otorga un acompañamiento económico, psicológico y de contención a mujeres y personas LGBTIQ víctimas de violencia de género, con el objetivo de darles las herramientas necesarias para que puedan salir del contexto hostil en el que viven.

El programa Acompañar, destinado a víctimas de violencia de género

Las que pudieron jubilarse

Durante las últimas décadas, millones de mujeres consiguieron algo que nunca se imaginaron: jubilarse. Es que muchas realizaron trabajos que no son reconocidos como tareas remuneradas —por ejemplo, ser madres—, o se desempeñaron en trabajos informales.

En la década de 90 se había lanzado el Plan de Inclusión Previsional, conocido como moratoria. Pero recién en 2005 fue cuando se le comenzó a dar mayor uso a esa medida: se rubricó el decreto 1.454 que dio tanto a mujeres como a hombres sin suficientes aportes el derecho de jubilarse, pagando los años restantes en cuotas. La mayor parte de las personas que aprovecharon este beneficio fueron mujeres que, por haber pasado sus años activos cuidando de su familia, llegaron a los 60 años sin ingresos propios ni registros formales; por eso se la conoce como “jubilación para amas de casa”.

En 2014 se le sumó la moratoria previsional por la Ley 26.970, solo para mujeres de 60 y menores de 65 años, que fue extendida por el actual gobierno hasta diciembre de este año o hasta que se cree un régimen nuevo.

Como parte del boom de medidas de género con foco económico, en 2013 se aprobó la Ley 26.844 del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para Personal de Casas Particulares, una medida que posibilitó que miles de (en su mayoría) mujeres puedan salir de la informalidad y ser reconocidas como empleadas.

Por otro lado, a mitad del 2021, el Gobierno oficializó en un decreto la medida para reconocer años de aporte de actividad a las mujeres que hayan tenido hijos y que así puedan alcanzar más fácilmente el período necesario de 30 años de servicios para jubilarse mediante la moratoria.

Las conquistas civiles

Argentina es vanguardista en materia de derechos: en 2010 se convirtió en el primer país de Latinoamérica y el Caribe en legalizar el "matrimonio igualitario". Dos años más tarde, el Congreso argentino sancionó la ley de Identidad de Género, una de las normas más avanzadas del mundo en esta materia ya que reconoce el derecho a que las personas sean tratadas con el género con el que se autoperciben sin recurrir a justificaciones médicas ni judiciales. El país sirve de ejemplo en el mundo a la hora de aprobar leyes similares.

Otro hito llegó en los últimos años: luego de 15 años de reclamos, el Congreso aprobó en los últimos días del 2020 la ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Al año siguiente, y por decreto presidencial, se incorporó la X al DNI, pasaporte y otros documentos para identificar el género de las personas que no se reconocen como femeninas ni masculinas: las identidades no binarias y trans.

Con ministerio, pero mucho por delante

En marzo de 1991 el gobierno de Carlos Menem había creado el Consejo Coordinador de Políticas Públicas para la Mujer, que dependía de Presidencia y se transformó después en el Consejo Nacional de la Mujer. Luego, en 2017, el ex presidente Mauricio Macri lo degradó de rango a Instituto Nacional de la Mujer (INAM) bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. En 2019, con la asunción del gobierno del Frente de Todos, se reemplazó el INAM por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, inédito en la historia argentina. En su tiempo de existencia se dedicó, principalmente, a llevar adelante el programa Acompañar.

Aún resta mucho camino por recorrer: el cambio cultural es un proceso difícil y extenso que no se dará de un día para el otro, y que tampoco logrará un gobierno puntual. Pero, sin dudas, los últimos 25 años posicionaron a la Argentina como un país ejemplar en materia de género con políticas que se sostienen el tiempo y que, día a día, cambian las vidas de las personas para bien.

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Martina Jaureguy

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