La Cámara de Diputados retomó este miércoles una de las discusiones más sensibles de la agenda legislativa 2026: la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y el Ambiente Periglacial. En un clima de fuerte polarización, el debate encontró un nuevo e inesperado protagonista que amenaza con dilatar los tiempos del Ejecutivo: el Acuerdo de Escazú. 

La ley vigente protege no solo el hielo visible (el glaciar), sino también el ambiente periglacial. Este último es el suelo congelado que rodea a los glaciares y que funciona como un "tanque de reserva" que suelta agua lentamente hacia los ríos, fundamental para el consumo y el agro en zonas áridas. Si el Gobierno fuerza la votación hoy en Diputados para mostrar "gestión", corre el riesgo de que la ley sea declarada inconstitucional.

El proyecto de reforma busca "achicar" esa protección y propone que solo se preserven los glaciares de determinado tamaño y que estén registrados en un inventario oficial. Esto dejaría áreas de suelo congelado disponibles para proyectos industriales, principalmente la minería de cobre y oro en la zona cordillerana.

 El factor "Escazú": el guardián de las formas 

El Acuerdo de Escazú es un tratado que Argentina firmó en 2018 en la ciudad homónima de Costa Rica, junto a otros 16 países. El documento tiene jerarquía superior a las leyes comunes y dice que, para cualquier decisión ambiental importante, el Estado debe cumplir tres pasos obligatorios: publicar datos científicos claros sobre el impacto, escuchar a la ciudadanía en audiencias públicas antes de votar y no retroceder. Es decir, no desprotegerlo sin una justificación técnica excepcional, bajo el Principio de No Regresión.

El Gobierno nacional ve en la minería de gran escala una fuente rápida de dólares y empleo. Considera que la ley actual es "demasiado amplia" y que frena inversiones millonarias que otros países (como Chile) aprovechan mejor. El debate en Diputados se vuelve lento porque la oposición y diversos sectores sociales advierten que, si se vota la reforma "a libro cerrado" o de forma acelerada, habría una violación del Acuerdo de Escazú. 

Si la ley obtiene el visto bueno de la Cámara Baja, cualquier ciudadano podría ir a la Justicia y frenar la ley apenas se sancione. Por eso, los legisladores están obligados a tratar el tema con una profundidad técnica que no estaba en los planes originales del Ejecutivo. 

Las provincias mineras presionan para que la ley se flexibilice y les permita desarrollar sus recursos. En cambio, las provincias que dependen del agua de deshielo para su producción agrícola, como las cordilleranas, temen que tocar el ambiente periglacial afecte su supervivencia a largo plazo.