Luego de la aprobación en el Senado, el oficialismo aceleró en la Cámara de Diputados y este miércoles dará el puntapié inicial en un plenario de comisiones con la reforma a la Ley de Glaciares, una iniciativa clave para los planes del Gobierno de captar inversiones millonarias en megaminería e hidrocarburos, y que genera fuerte preocupación en organizaciones ambientalistas.

El debate, previsto para las 10, reunirá a las comisiones de Recursos Naturales y Preservación del Ambiente, presidida por el libertario José Peluc, y la de Asuntos Constitucionales, encabezada por Nicolás Mayoraz. Según fuentes parlamentarias del oficialismo, la intención es que la reforma sea ley antes de fin de mes, aunque el tratamiento no se agotará en una sola reunión.

El objetivo político y económico

En la Casa Rosada deslizan que el presidente Javier Milei podría exhibir la media sanción del Senado durante el evento "Argentina Week 2026", que se realizará en Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo, como una señal para atraer inversores interesados en el sector extractivo argentino.

No se descarta que la semana próxima, en paralelo a ese viaje, se firme dictamen y se apruebe el proyecto en el recinto de la Cámara baja.

La reforma está directamente vinculada con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que según Milei ya cuenta con proyectos aprobados por USD 25.000 millones y solicitudes en estudio por otros USD 45.000 millones, varios de ellos vinculados a la minería en Salta, Catamarca y San Juan.

Qué cambia la reforma

El proyecto modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, vigente desde 2010.

La iniciativa busca redefinir el alcance de las zonas protegidas, eliminando la prohibición automática de actividades extractivas en áreas periglaciares y permitiendo su desarrollo siempre que cuenten con evaluación de impacto ambiental aprobada.

Además:

• Transfiere mayores facultades a las provincias para definir qué zonas proteger.

• Mantiene la prohibición absoluta de actividades económicas en glaciares propiamente dichos.

• Introduce la distinción entre "formas periglaciares" que cumplen función hídrica estratégica y aquellas que no.

El proyecto también crea el Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del IANIGLA, con coordinación de la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación.

Entre las actividades prohibidas en glaciares se incluyen aquellas que liberen sustancias contaminantes, obras de infraestructura, minería e hidrocarburos. En cambio, se permiten investigaciones científicas, rescates y deportes no motorizados.

El mapa político en Diputados

En el Senado, la reforma fue aprobada el 26 de febrero con 40 votos a favor y 31 en contra, con apoyos divididos en el peronismo y el radicalismo, incluyendo a los ex gobernadores Sergio Uñac y Lucía Corpacci.

En Diputados, el oficialismo tendría números para avanzar en comisión con apoyo del PRO, la UCR, Innovación Federal y bloques provinciales. También podría sumar votos de legisladores peronistas de provincias con perfil minero.

Desde La Libertad Avanza aseguran que el tratamiento será "ágil", aunque anticiparon que habrá una instancia de "escucha y diálogo con la sociedad civil" antes de dictaminar.

El reclamo ambientalista

Tras la media sanción en el Senado, organizaciones como FARN, Greenpeace Argentina, el Círculo de Políticas Ambientales y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas solicitaron a Diputados la apertura de un proceso participativo amplio, abierto y federal, con convocatoria a audiencia pública.

Argumentan que la protección de glaciares es una decisión que impacta directamente en el acceso al agua, la biodiversidad y el equilibrio climático, y que la reforma debe respetar la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, que obliga a garantizar la participación pública en decisiones ambientales de alto impacto.

Advierten que avanzar con un trámite acelerado podría configurar un supuesto de ilegalidad y derivar en la nulidad del procedimiento.