La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intimó al contratista Matías Tabar para que presente los comprobantes fiscales y bancarios de sus movimientos patrimoniales de los años 2024 y 2025, tras detectar inconsistencias en la remodelación de la vivienda del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el barrio cerrado Indio Cuá. 

El organismo recaudador otorgó un plazo perentorio de 10 días para que el arquitecto entregue las facturas, detalles de compras a proveedores y la justificación de los ingresos reales percibidos durante dicho período.

La fiscalización oficial se activó tras la confesión judicial de Tabar en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo. El constructor, socio del estudio Alta Arquitectura, admitió bajo juramento ante el fiscal Gerardo Pollicita que cobró USD 245.000 en efectivo y sin emitir facturas comerciales por las refacciones realizadas en la propiedad del funcionario. 

La declaración testimonial forma parte de la causa penal abierta contra el vocero presidencial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

El expediente judicial detalla que el pago clandestino de la obra se dividió en dos etapas correlativas. Adorni abonó un adelanto en efectivo de USD 55.000 durante el transcurso de 2024 y canceló el saldo restante de USD 190.000 en el 2025. Los trabajos de infraestructura se extendieron por un lapso de 10 meses, iniciándose en septiembre de 2024 y concluyendo formalmente en julio de 2025.

El contratista entregó su teléfono celular particular a la Justicia federal y aportó la nómina completa del personal operativo que intervino en las remodelaciones edilicias de la propiedad del barrio privado.

Las reformas edilicias abarcaron la remodelación integral de una finca edificada sobre un terreno de 400 metros cuadrados, adquirida originalmente a finales de 2024 por Adorni y su mujer, Bettina Angeletti. El plan de refacción ejecutado incluyó la colocación de nuevos pisos, la renovación total de las estructuras del baño y la cocina, el montaje de mobiliario a medida para el sector del quincho y el reacondicionamiento técnico de la pileta de natación.

La investigación sumó gastos adicionales vinculados a la logística del funcionario. Tabar constató en los tribunales federales que Adorni desembolsó otros USD 13.000 en efectivo para alquilar una vivienda temporal dentro del mismo country Indio Cuá, con el objetivo de residir junto a su familia mientras los operarios del estudio Alta Arquitectura desarrollaban las tareas de construcción en el inmueble principal.

La intimación remitida por la ARCA obliga al profesional de la construcción a validar sus declaraciones impositivas frente a las pruebas materiales recolectadas por la fiscalía de Pollicita.