La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver si confirma o revoca el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la denominada causa Seguros, donde está acusado por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky convocaron este lunes a una audiencia para escuchar los argumentos del exmandatario, quien sostiene que, en caso de haber existido una maniobra irregular en la contratación de seguros, no tuvo conocimiento ni participación.

La definición del máximo tribunal penal del país será determinante para el futuro del expediente, que investiga un presunto esquema de intermediación en la contratación de pólizas para organismos públicos durante el período 2019-2023.

Uno de los puntos de mayor expectativa es la postura que adoptará el fiscal general Raúl Plee, luego de que en una instancia anterior el fiscal ante la Cámara Federal, José Luis Agüero Iturbe, se hubiera inclinado por hacer lugar al planteo de Fernández al considerar que no existían pruebas suficientes con el grado de certeza requerido en esa etapa procesal.

Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones, con los votos de Roberto Boico, Martín Irurzun y parcialmente Eduardo Farah, confirmó el procesamiento sin prisión preventiva del expresidente y de otros exfuncionarios y empresarios involucrados.

La defensa cuestiona el procesamiento

La defensa de Fernández, a cargo de la abogada Mariana Barbitta, planteó que la decisión del juez federal Sebastián Casanello fue arbitraria, al sostener que se le atribuyeron delitos por los que no fue indagado y que no se recurrió a peritajes específicos en materia de seguros para determinar el alcance real de las maniobras investigadas.

Una vez finalizada la audiencia y escuchadas todas las partes, Casación quedará en condiciones de resolver en un plazo ordenatorio de 20 días.

La hipótesis bajo investigación

La causa se centra en la sospecha de que, a través de la contratación de seguros para organismos estatales, se habrían pagado comisiones millonarias a intermediarios privados.

Según la investigación, el decreto 823/2021 habría permitido que Nación Seguros concentrara la asignación discrecional de intermediarios y aseguradoras sin los procedimientos habituales de selección.

Entre los principales beneficiarios del presunto esquema figuran el broker Héctor Martínez Sosa, su esposa y exsecretaria presidencial María Cantero, y el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano.

Casanello sostuvo que durante la gestión de Pagliano se pagaron comisiones principalmente a tres grupos liderados por Martínez Sosa, Pablo Torres García y Oscar Castello, y que el monto total habría alcanzado los $2.200 millones, lo que representaría cerca del 60% del total abonado por intermediación durante ese período.

La Cámara Federal también sostuvo que la llegada de Cantero a la secretaría privada presidencial habría sido utilizada para profundizar negocios vinculados a su entorno familiar.

Fernández permanece procesado sin prisión preventiva, con un embargo de $14.600 millones y una prohibición de salida del país sin autorización judicial.

Ahora, el expediente entra en una etapa decisiva: Casación deberá definir si mantiene firme la acusación o si revierte el procesamiento en uno de los casos más sensibles que involucran al expresidente.