El jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, continúa en el centro de atención de la Justicia argentina. En medio de una investigación por enriquecimiento ilícito, el juez de la causa Gerardo Policcita, pidió un informe financiero del funcionario desde 2022 hasta la fecha. La medida también afecta a la esposa, Bettina Angletti.

Adorni levantó el perfil mediático después de que se filtraran imágenes en el que se ve al matrimonio en un viaje oficial del gobierno argentino en Nueva York. A partir de ese momento, comenzó a cuestionarse el uso de los recursos del Estado por parte de los funcionarios oficialistas. Por aquel entonces, Adorni aseguró que fue a "deslomarse" a Estados Unidos junto a la comitiva presidida por Javier Milei y deseó que su mujer lo acompañara.

Luego de la filtración de las imágenes en Estados Unidos, se conocieron otros viajes de lujo que el matrimonio hizo a Punta del Este, Aruba y Bariloche, además de la compra de una casa en un country y la refacción total de un departamento en Caballito, vendido por dos jubiladas, cuyos hijos están citados a prestar testimonio.

La investigación judicial que recae sobre él exige la reconstrucción de sus finanzas desde 2022. Es decir, un año antes de que La Libertad Avanza ganara las elecciones y dejara su rol como periodista para comenzar su nueva actividad oficial en el Gobierno de Javier Milei.

La hoja de ruta que Policcita solicitó busca determinar si hubo un cambio abrupto en la economía del matrimonio en un lapso muy corto de tiempo. Los información solicitada incluye registro de billeteras virtuales, cuentas sueldo o de pago, CVU, alias, tarjetas, líneas de crédito, tenencia o transferencia de criptoactivos y giro de divisas al exterior.

La investigación determinó como premisa que Adorni extrajo dinero de la caja de seguridad que está a nombre del matrimonio, por lo que el juez pidió acceso a las filmaciones, fechas y horarios en los que habrían accedido allí desde 2022 hasta la fecha.

La investigación judicial se extiende también a las plataformas y oficinas de agencias de viajes para verificar la compra de los paquetes con los que habrían hecho turismo. Pidieron códigos de reserva, detalle de tramos, fechas, horarios, clase tarifaria, moneda de pago, facturas, recibos, cupones, vouchers y cualquier constancia que acredite la contratación del servicio.