Coimas en ANDIS: el Gobierno habla de utilización política y espera el avance de la Justicia

En medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, la Casa Rosada se aferra a una estrategia de control de daños. Mientras Javier Milei guarda silencio, Santiago Caputo conduce la comunicación oficial y Guillermo Francos denunció un intento de “maniobra política”

El Gobierno enfrenta con cautela el escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego de que se filtraran audios que comprometen a funcionarios cercanos al presidente Javier Milei. En la Casa Rosada admiten que no descartan la autenticidad de los registros, aunque sostienen que existe una “utilización política” del caso en plena campaña electoral.

La estrategia de control de daños quedó en manos de Santiago Caputo, principal asesor presidencial, que trabaja junto a un reducido círculo en el salón Martín Fierro. La decisión fue mantener un perfil bajo hasta que avance la investigación judicial. Por eso, Milei y su hermana Karina eligieron el silencio, mientras que el único autorizado para hablar fue el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien denunció un “aprovechamiento partidario” y deslizó que podría tratarse de una “maniobra política”.

El primer movimiento concreto del Ejecutivo fue la destitución de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS y amigo personal de Milei, señalado en los audios como parte del entramado de recaudación. Junto a él fue removido Daniel María Garbellini, director de Acceso a los Servicios de Salud. El área quedó intervenida, en un gesto que en Balcarce 50 interpretan como un reconocimiento de la gravedad del caso.

Uno de los pasajes más comprometedores menciona al asesor Eduardo “Lule” Menem, primo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, como supuesto supervisor del mecanismo. En la Casa Rosada niegan que esa línea de defensa, la de una “operación”, sea oficial: “Nuestra posición es la utilización política del asunto, no que los audios sean falsos”, afirmaron fuentes cercanas al Presidente.

El caso está en manos del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, tras una denuncia presentada por el abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón. Según el testimonio de Spagnuolo, a las droguerías se les pedía un soborno del 8%, del cual un 3% habría ido a parar a altas autoridades del Gobierno.

Mientras tanto, el oficialismo busca ganar tiempo. “Hoy existe el escándalo mediático; después, la Justicia determinará responsabilidades”, expresaron dirigentes libertarios. Milei, por su parte, evitó cualquier referencia al tema: en su discurso en la Bolsa de Rosario habló de economía, pero no mencionó la ANDIS, y en redes sociales se mostró activo aunque sin aludir al escándalo.

El caso promete escalar en la agenda pública en los próximos días y tensiona a la gestión en un momento clave: a menos de dos semanas de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza disputa un enfrentamiento directo con el kirchnerismo.

 

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