La Cámara de Diputados realizará este miércoles una sesión especial para tratar los proyectos de reforma de la ley contra el lavado de dinero y de la creación de Programa Pubertad Precoz Central (PPPC), a la vez que avalará una iniciativa del Poder Ejecutivo para permitir el ingreso y egreso de tropas militares argentinas y extranjeras para la realización de ejercicios conjuntos.

El Frente de Todos (FdT) -con su bancada presidida por Germán Martínez- convocó a una sesión especial para las 11 de hoy, con el fin de tratar las reformas de la ley de lavado, una iniciativa en la cual el oficialismo y el PRO buscarán aprobar el dictamen de mayoría.

También está previsto que se debatan otros proyectos consensuados entre el FdT y Juntos por el Cambio (JxC), que tienen incidencia en el área social.

Previo a la deliberación del pleno del cuerpo se realizará una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, presidida por la titular de la Cámara, Cecilia Moreau, para ordenar la sesión, ya que en el primer tramo se realizan las declaraciones políticas, homenajes y cuestiones de privilegio.

La mayoría de los proyectos tienen un alto grado de consenso, con excepción del proyecto de reforma de la ley de lavado para cumplir con los pedidos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Al respecto, existen dos dictámenes: uno promovido por el FDT y el PRO y otro de minoría avalado por la Coalición Cívica, la UCR, Evolución Radical y el Interbloque Federal.

Lavado de dinero, el proyecto del oficialismo

Pese a que el proyecto del Poder Ejecutivo presentado en mayo del año pasado tuvo muchos meses de discusión y trabajo en el cual se le aceptaron modificaciones al texto original, no alcanzó para unificar criterios en el plenario de las comisiones de Legislación General, Finanzas y Legislación Penal que se realizó este martes.

El oficialismo rubricó un dictamen de mayoría con el acompañamiento de los integrantes del PRO que firmó con disidencias parciales, mientras que la Coalición Cívica y el interbloque Federal anunciaron dictámenes propios que podrían sintetizarse luego, incluso con el apoyo de los dos bloques radicales.

La bancada que lidera Germán Martínez tiene especial interés y premura en sancionar esta norma que busca adecuar la legislación a los nuevos estándares internacionales que exige el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que realizará una revisión técnica en el país en septiembre próximo.

Además, se enmarca en el acuerdo de intercambio de información financiera y tributaria que acordó el ministro de Economía, Sergio Massa, con autoridades de Estados Unidos a fines del año pasado. 

La iniciativa convierte a la Unidad de Información Financiera (UIF) en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.

Otro aspecto que introduce el proyecto es la ampliación de la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF, y en ese sentido se dispone la incorporación de los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurídicas que proceden en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.

Cómo llegó el tema a la sesión especial de hoy

En el arranque del encuentro, la vicepresidenta de la Comisión de Legislación Penal, Mónica Litza (Frente de Todos), ponderó que se esté avanzando en "un tema tan importante para la Argentina, no para un gobierno, y también para la comunidad internacional, porque estamos hablando de delitos globalizados", los cuales "requieren una actualización de la normativa a los estándares internacionales".

Por su parte, el diputado Pablo Tonelli (PRO) valoró el hecho de que el oficialismo haya aceptado trabajar en modificaciones respecto del proyecto original del Poder Ejecutivo.

"Encontramos en el oficialismo receptividad y la mayor parte de nuestras sugerencias fueron incorporadas", destacó, aunque aclaró que en la sesión van a "insistir" con "dos o tres puntos" respecto de los cuales mantienen "disidencias".

En este sentido, el abogado macrista señaló que sería positivo avanzar en "modificar el procedimiento para la designación del titular de la UIF, de manera que sea más abierto, público y transparente".

"Sería bueno incorporar entre las atribuciones del organismo la facultad de querellar en causas penales que se inicien como consecuencia de investigaciones realizadas por el propio organismo", expresó sobre otro de los cambios que le gustaría introducir al dictamen del oficialismo.

A su turno, la diputada de Identidad Bonaerense Graciela Camaño reconoció "el trabajo de búsqueda de consensos que hizo la diputada Litza durante todo este tiempo", pese a lo cual anticipó que presentaría un dictamen de minoría por discrepancias en la redacción de algunos artículos.

"Debemos exigir que la UIF tenga un comportamiento frente a la corrupción, porque vimos cómo la UIF de este Gobierno declinó formar parte cuando ya estaba dentro de la causa", apuntó la legisladora del Interbloque Federal al hacer referencia a que el organismo se retiró de la querella en la causa Vialidad, por la cual fue condenada la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Las diferencias de la Coalición Cívica con el proyecto oficial

En representación de la Coalición Cívica, la diputada Mónica Frade enfatizó "el diálogo y los esfuerzos que todos han hecho" para afinar la redacción de los dictámenes, pero explicó que había diferencias importantes que impidieron consensuar. 

Según planteó, con el proyecto del oficialismo la UIF "se va a mantener como un brazo de los gobiernos y nosotros lo que queremos es que esta discusión conduzca a la reformulación de un organismo que quede exactamente en línea con las exigencias del GAFI".

"Nosotros estuvimos en la lista gris justamente por tener un organismo politizado y que no ha hecho lo que debió hacer, cuando nosotros tenemos que repensar el organismo en términos estrictamente técnicos", enfatizó.

Para Frade, "el modo de designación de las autoridades y las obligaciones de las autoridades no puede ser materia de una legislación laxa, confusa y abierta como está ahora".

"No entiendo por qué el oficialismo no accedió (a los cambios) si quiere la autonomía como dice", protestó la representante de la Coalición Cívica.