El Gobierno envió al Senado el pliego de ascenso de Sebastián Ignacio Ibáñez, jefe de la Casa Militar y hombre del riñón de Karina Milei, en medio de una investigación judicial por presuntas irregularidades en compras y contrataciones vinculadas al organismo encargado de la seguridad presidencial.

El expediente PE 133/26, con el mensaje 138/26, pidió acuerdo para promoverlo al grado inmediato superior, con fecha al 31 de diciembre de 2025. Si el Senado avala el pliego, Ibáñez pasará de general de brigada a general de división. Le quedará un solo rango para llegar al máximo grado del Ejército: teniente general.

Un pliego fuera del paquete militar

El ingreso del pedido generó sorpresa en el Congreso porque no formó parte del paquete habitual de ascensos militares. El pliego de Ibáñez entró junto con un grupo de jueces enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes, un lote que no tenía relación directa con su carrera castrense.

El dato no es menor. La Casa Militar depende de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, y cumple un rol central en la seguridad del Presidente, la custodia de la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, además de tareas logísticas y protocolares vinculadas a la actividad oficial de Javier Milei.

Ibáñez fue designado en marzo de 2024, tras la salida de Alejandro Guglielmi, quien había ocupado el cargo durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Antes, el actual jefe de la Casa Militar había sido jefe de la V Brigada de Montaña del Ejército, con asiento en Salta.

La investigación que rodea a Casa Militar

El pedido de ascenso llegó mientras la Justicia investiga presuntas irregularidades reveladas por Clarín en la Casa Militar. A partir de testimonios, documentos y audios publicados por el diario, quedaron bajo la lupa Ibáñez, la exresponsable de la Dirección General de Logística Florencia Gastaldi y el expiloto presidencial Juan Pablo Pinto.

La pesquisa apunta a supuestas maniobras en compras de repuestos, mantenimiento de aviones y contrataciones vinculadas a la Dirección General de Logística, conocida como Agrupación Aérea Presidencial, que pasó a depender de la Casa Militar por decisión del Gobierno. En esa estructura, según la investigación, se habrían gestionado presuntos sobornos de al menos el 10% en licitaciones adjudicadas a proveedores cercanos al organismo.

El diario también vinculó esa trama con la compra de aeronaves y con contrataciones de servicios para la logística oficial. Entre los casos mencionados aparece la adquisición de un avión Embraer ERJ-140LR por parte de la Fuerza Aérea Argentina a Regional One Inc.: la operación fue por USD 4.085.000, aunque una aeronave similar fue cotizada luego en USD 2.300.000.

Seguridad presidencial y licitaciones bajo sospecha

La Casa Militar no solo coordina la seguridad presidencial: también interviene en dispositivos logísticos para actos, traslados y actividades oficiales. Por eso, las revelaciones sobre presuntas contrataciones direccionadas impactan sobre un área que opera cerca del despacho presidencial y bajo la órbita directa de la hermana del Presidente.

Las sospechas no se limitaron al rubro aeronáutico. También alcanzaron contrataciones de vehículos para el traslado de funcionarios y alquiler de vallas metálicas para eventos presidenciales, que se habrían concretado a través de licitaciones cortas, oferentes únicos, proveedores habituales y montos millonarios, aunque el foco judicial más sensible quedó puesto en la estructura de la Dirección General de Logística.

Ibáñez también apareció en las últimas semanas asociado al endurecimiento de controles y restricciones a periodistas en la Casa Rosada. La Casa Militar presentó una denuncia penal por presunto "espionaje ilegal" tras la emisión de un informe de TN con imágenes grabadas en sectores internos de la sede gubernamental. La acusación contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno fue desestimada por la Justicia.