El Gobierno nacional decidió endurecer su postura frente a las negociaciones salariales y no sólo insiste en que los aumentos se pacten por debajo de la inflación, sino que además está dispuesto a no homologar cláusulas que considere inviables o que impliquen incrementos en los aportes destinados a las obras sociales sindicales.

La estrategia, que ejecutará la Secretaría de Trabajo conducida por Julio Cordero, apunta a frenar mecanismos de financiamiento gremial que la Casa Rosada interpreta como "beneficios por la ventana" y podría abrir varios conflictos simultáneos con sindicatos de peso, en un contexto de presión creciente por la recomposición de los salarios tras la inflación de marzo, que llegó al 3,4%.

La paritaria de Comercio, en la mira por la caja sindical

Uno de los casos más sensibles es el acuerdo salarial firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), que lidera Armando Cavalieri, el gremio más numeroso del país.

El Gobierno no cuestiona el esquema salarial principal, que contempla un aumento del 5% en tres tramos (2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio), ni tampoco el pago de un bono extraordinario de $120.000 correspondiente al trimestre abril-junio.

Sin embargo, en Trabajo analizan avanzar con una homologación parcial debido a dos puntos clave del convenio:

• el aumento de la cuota solidaria del 2% al 2,5%, por encima del límite establecido por la Ley 27.802 de Modernización Laboral
• la suba de la contribución empresaria a OSECAC, la obra social de Comercio, que pasó de $8.000 a $28.000 mensuales por trabajador

En el Gobierno consideran que este último incremento es excesivo y advierten que impacta directamente en el financiamiento sindical. Según los cálculos oficiales, con un universo de 1.200.000 trabajadores, el sindicato pasaría a recibir cada mes alrededor de $33.600 millones.

Un antecedente: el conflicto de 2025

En el gremio mercantil todavía recuerdan el conflicto que estalló en 2025, cuando Cavalieri firmó una paritaria del 5,4% en tres tramos que superaba la pauta oficial del 1%. En aquel momento, el Gobierno se negó a homologar el acuerdo y el enfrentamiento se extendió durante meses.

La situación recién se destrabó en agosto, cuando Comercio y las cámaras empresariales acordaron una nueva paritaria para el segundo semestre e incorporaron allí los montos que habían quedado trabados.

Ahora, la discusión no gira en torno al aumento salarial ni al bono, sino a los puntos vinculados a aportes obligatorios que fortalecen el financiamiento sindical.

Cerca de Cavalieri aseguran que todavía no recibieron confirmación oficial sobre una homologación parcial, aunque desde Trabajo sostienen que el gremio ya está al tanto del rumbo que tomará la Casa Rosada.

Camioneros ya sufrió el recorte de homologación

El conflicto potencial no se limita a Comercio. El Sindicato de Camioneros, que conduce Hugo Moyano, ya atravesó un escenario similar.

Moyano cerró un acuerdo alineado con la pauta oficial: un aumento del 10,1% semestral para el período marzo-agosto, en seis tramos (2%, 1,8%, 1,7%, 1,6%, 1,5% y 1,5%), más una suma no remunerativa de $53.000 en marzo.

Aun así, Trabajo homologó el convenio sólo en forma parcial: avaló los aumentos salariales, pero no convalidó el incremento de la contribución empresaria a la obra social, que subía de $22.000 a $25.000 por trabajador, ni otros puntos como el adicional por presentismo y una cláusula que ratificaba el convenio colectivo vigente.

El caso dejó un dato clave: mientras Moyano logró cerrar con grandes empresas, varias pymes del sector -sobre todo en el interior- advirtieron que no pagarán los ítems no homologados debido a la crisis que atraviesan.

Riesgo de conflicto y una pregunta abierta sobre la paz social

La decisión oficial de homologar sólo parcialmente ciertos acuerdos introduce un escenario inédito en las paritarias recientes: que parte de lo firmado quede sin respaldo formal del Estado, abriendo la puerta a disputas judiciales, conflictos gremiales y tensiones con las cámaras empresarias.

En el Gobierno admiten que el endurecimiento puede derivar en un choque con sindicatos poderosos, pero sostienen que buscan evitar que las paritarias incluyan cláusulas que aumenten costos indirectos para las empresas y refuercen estructuras sindicales.

La incógnita es si esta estrategia terminará desatando una guerra abierta con los gremios, un factor que podría alterar la estabilidad social que el presidente Javier Milei necesita sostener en su camino hacia las elecciones de 2027.