El Gobierno giró a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma laboral y activó un cronograma legislativo con el objetivo de sancionarlo antes del 1 de marzo, fecha de apertura de las sesiones ordinarias encabezadas por el presidente Javier Milei. En la Casa Rosada buscan que esa ley, junto con el régimen penal juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea, forme parte central del mensaje presidencial ante la Asamblea Legislativa.

Cronograma ajustado en extraordinarias

El oficialismo busca acelerar los tiempos pese a las exigencias reglamentarias: en sesiones extraordinarias los proyectos deben contar con dictamen al menos diez días antes del cierre del período y, además, mediar un plazo mínimo de siete días entre ese despacho y su tratamiento en el recinto.

Para cumplir con esa hoja de ruta, se espera la publicación de un decreto que extienda las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero.

La intención inicial fue convocar comisiones durante los feriados de carnaval, aunque esa posibilidad quedó descartada por la necesidad de asegurar la presencia de bloques aliados. "Aunque los propios estén, necesitamos de los socios y no los podemos obligar", admitió una fuente oficial.

El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el titular del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, proyectan convocar a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda para dictaminar y avanzar luego hacia el recinto.

Números y negociaciones con aliados

En la Comisión de Presupuesto el oficialismo reúne 18 diputados propios y suma respaldos de aliados del PRO y de bloques provinciales y dialoguistas, lo que le permitiría alcanzar 27 firmas sobre un total de 45 integrantes.

En Legislación del Trabajo cuenta con 11 legisladores propios, más dos del PRO y uno de la UCR, dentro de un cuerpo de 28 miembros. Para obtener dictamen de mayoría necesita 37 firmas, un número que depende del acompañamiento pleno de los espacios asociados.

En la Casa Rosada trabajan con la idea de sancionar la norma antes del cierre de extraordinarias y evitar modificaciones sustanciales durante su paso por Diputados.

Resistencias al tratamiento abreviado

El plan de llevar la iniciativa al recinto en pocos días genera cuestionamientos de la oposición, que rechaza un debate abreviado para una reforma de ese alcance. "En el Senado tardaron dos meses y acá lo quieren hacer en 48 horas. Es imposible que podamos tener una discusión seria en ese plazo", señaló un diputado opositor.

Las objeciones no provienen solo de los bloques enfrentados al Gobierno. Desde sectores aliados también surgieron reparos y pedidos de cambios. El presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, adelantó que su bancada propondrá modificaciones al texto aprobado por el Senado.

Agenda paralela en Senado y nuevos proyectos

En paralelo, el oficialismo busca avanzar en la Cámara alta con el tratamiento del acuerdo con la Unión Europea, el régimen penal juvenil y otros expedientes incluidos en el temario extraordinario, con la intención de completar el paquete legislativo antes del inicio del período ordinario.

La ofensiva parlamentaria se amplía a otros frentes. El oficialismo también intenta aprobar la nueva ley de glaciares antes de una cumbre minera internacional prevista para comienzos de marzo en Canadá, donde busca mostrar definiciones regulatorias ante inversores del sector. Además, prepara el envío de un proyecto para reemplazar la ley de fortalecimiento universitario y deja para después de marzo una reforma electoral con vistas a 2027.

La "fase dos" sobre el empleo público

Tras la reforma del empleo privado, el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger trabaja en un esquema orientado a reorganizar el funcionamiento del Estado. El objetivo oficial es conformar un plantel técnico estable dentro de una dotación estimada en 280.120 personas.

Desde la cartera señalaron que la administración acumuló normas parciales y disposiciones superpuestas que requieren un reordenamiento integral. "La estabilidad no implica ausencia de obligaciones", resumieron, al explicar que los mecanismos vigentes permiten desvincular personal ante incumplimientos.

Entre las herramientas aplicadas figura el pase a disponibilidad para agentes sin funciones asignadas, con un plazo de hasta un año para su relocalización antes de una eventual desvinculación.

Con ese conjunto de iniciativas, el oficialismo intenta encadenar resultados legislativos antes del inicio de las sesiones ordinarias y llegar al 1 de marzo con un paquete de reformas ya encaminado en el Congreso.