El oficialismo logró este jueves la media sanción en el Senado para la reforma de la Ley de Glaciares con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención, en una sesión atravesada por fuertes cruces políticos y posiciones contrapuestas sobre el modelo de desarrollo y la protección ambiental.

La aprobación fue leída por el Gobierno como el cumplimiento de un compromiso asumido con gobernadores de provincias cordilleranas que reclaman una normativa "más dinámica" para destrabar inversiones en minería e hidrocarburos. Desde los palcos del recinto celebraron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem.

Incidentes en la previa

Horas antes del debate se registraron incidentes en las inmediaciones del Congreso. Un grupo de activistas de Greenpeace saltó las rejas del Palacio Legislativo con la intención de protestar contra la iniciativa, lo que derivó en una docena de detenidos.

En ese contexto también se produjo un episodio de tensión cuando un camarógrafo del canal A24 fue alcanzado por gas pimienta mientras intentaba registrar el accionar policial.

Qué cambia la reforma

El proyecto modifica la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, vigente desde 2010. El eje central de la reforma es la redefinición del alcance de las zonas protegidas, especialmente en el área periglacial.

La iniciativa introduce una distinción entre las "formas periglaciares" que cumplen funciones de reservas estratégicas de recursos hídricos y aquellas que no tienen una función hídrica comprobable. Bajo este nuevo criterio, solo quedarían estrictamente protegidas las formaciones con valor hídrico fehaciente, mientras que en otras áreas podrían habilitarse actividades económicas.

Se mantiene la prohibición absoluta para el desarrollo de actividades económicas en los glaciares propiamente dichos. También continúan vedadas las acciones que alteren de modo relevante su condición natural, como la liberación de sustancias contaminantes, obras de infraestructura, exploración o explotación minera e hidrocarburífera en esas zonas específicas.

Entre las actividades permitidas se contemplan investigaciones científicas, tareas de rescate y deportes no motorizados como andinismo y escalada.

El texto crea además el Inventario Nacional de Glaciares, que estará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), bajo coordinación de la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación. El organismo deberá identificar glaciares y formas periglaciares, y determinar cuáles cumplen función hídrica.

El debate en el recinto

Desde el oficialismo, el senador fueguino Agustín Coto (La Libertad Avanza) sostuvo que la reforma busca "armonizar la normativa" y terminar con ambigüedades que, a su entender, generan inseguridad jurídica.

En la misma línea, el sanjuanino Bruno Olivera afirmó que la actual redacción es "enemiga de una buena práctica ambiental" por su falta de precisión, mientras que el rionegrino Enzo Fullone defendió que la iniciativa "transmite el federalismo" necesario para el desarrollo provincial.

La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, pidió terminar con la "falsa dicotomía" entre ambiente y producción. "No es agua o trabajo", sostuvo, y aseguró que la reforma no altera la protección de los glaciares como bienes de interés público.

El cordobés Luis Juez explicó su cambio de postura respecto de 2010 y defendió la modificación al señalar que devuelve autonomía a las provincias sobre sus recursos naturales sin eliminar estándares de protección.

Desde la oposición, en cambio, se advirtió que la reforma implica un retroceso ambiental. El pampeano Daniel Pablo Bensusán (Justicialista) planteó que no se trata de una norma meramente técnica, sino de una decisión que enfrenta intereses económicos con el cuidado del agua.

El rionegrino Martín Soria calificó la iniciativa como una "reforma ideológica" y alertó que podría dejar sin protección entre el 25% y el 50% del recurso hídrico en algunas cuencas patagónicas.

En la misma línea se expresaron Anabel Fernández Sagasti, Carlos Linares, Ana Marks y Adán Bahl, quienes cuestionaron la flexibilización de estándares ambientales y advirtieron sobre los riesgos de un modelo centrado en la exportación de recursos naturales.

Desde el radicalismo, Maximiliano Abad anticipó su voto negativo al considerar que el proyecto no logra un equilibrio adecuado entre preservación y desarrollo, mientras que Flavio Fama apoyó la reforma y sostuvo que es necesario compatibilizar protección ambiental con producción.

Con la media sanción ya otorgada, el proyecto pasará ahora a la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, donde se anticipa un nuevo capítulo de un debate que combina ambiente, federalismo, inversión y modelo de país.