En paralelo al tratamiento de la reforma laboral, el oficialismo estaría decidiso a avanzar con otro movimiento de alto impacto institucional: buscaría la media sanción del acuerdo para transferir la Justicia Laboral del ámbito nacional a la Ciudad de Buenos Aires durante la misma sesión.

"Lo hablé con Eduardo Menem y me explicó que no hace falta un dictamen y con el número de expediente y si eso no lo logramos destrabar, lo metemos como un anexo; pero ya tengo los votos", aseguró la presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, en declaraciones a Infobae.

La estrategia contempla que, si no se logra tratarlo como expediente independiente, el traspaso sea incorporado como anexo del proyecto de reforma laboral, que incluye un artículo -el 91- que habilita la "progresiva reorganización o transformación" de la Justicia Nacional.

Un acuerdo Nación-Ciudad y el cierre del fuero laboral nacional

El Gobierno nacional y la administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmaron esta semana un acuerdo para transferir las competencias de la Justicia Laboral a la jurisdicción porteña.

"Es un nuevo hito en la autonomía", destacó el ministro de Justicia de CABA, Gabino Tapia, al anunciar el convenio. El texto deberá ser aprobado tanto por el Congreso de la Nación como por la Legislatura porteña para entrar en vigencia.

En términos concretos, el acuerdo implica el cierre progresivo de la Justicia Nacional del Trabajo, para que los nuevos juzgados laborales de la Ciudad asuman las causas iniciadas a partir de la entrada en vigencia del traspaso.

El debate tiene raíces en la reforma constitucional de 1994, cuando la Ciudad adquirió su autonomía y la potestad de organizar su propio Poder Judicial. Sin embargo, la Justicia laboral permaneció bajo órbita nacional hasta ahora.

Desde la oposición advierten que el oficialismo impulsa esta medida junto con la reforma laboral porque considera que la Justicia nacional es "pro empleado", mientras que el fuero porteño -cuyos jueces fueron designados mayoritariamente durante gestiones del macrismo- sería más "pro empleador".

Qué competencias se transfieren y cuáles quedan en la órbita federal

Si el Congreso le da sanción definitiva, la Ciudad recibirá las competencias relativas a conflictos individuales de trabajo. Sin embargo, quedarán excluidos y seguirán bajo jurisdicción federal:

• Conflictos colectivos y negociación colectiva

• Temas vinculados a asociaciones sindicales y personería gremial

• Competencias derivadas del Pacto Federal del Trabajo no delegadas

• Causas laborales donde sea parte el Estado Nacional

• Recursos contra decisiones administrativas dictadas por autoridades nacionales

De esta manera, el fuero federal conservará atribuciones clave en materia sindical y relaciones laborales colectivas, mientras que los litigios individuales pasarán al ámbito porteño.

Régimen de transición y cierre de juzgados

El acuerdo también establece un régimen de transición. Las causas iniciadas antes de la entrada en vigencia continuarán en la Justicia Nacional del Trabajo. Sin embargo, la ejecución de sentencias podría trasladarse al nuevo fuero porteño.

Las causas nuevas serán tramitadas por el Fuero del Trabajo de la Ciudad, mientras que las materias excluidas quedarán en el fuero contencioso administrativo federal.

Además, una vez aprobado el acuerdo, se dispondrá el cierre inmediato de los juzgados laborales nacionales vacantes y de la Sala VII de la Cámara Nacional del Trabajo, según el listado del Anexo I. El cierre total del fuero nacional será progresivo.

La Ciudad deberá, en un plazo máximo de 180 días, seleccionar a los jueces del nuevo fuero laboral -creado por las leyes 6.789 y 6.790- y garantizar la infraestructura y recursos necesarios para su funcionamiento.

El Tribunal Superior porteño como órgano revisor

Otro punto relevante es que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad se convertirá en el órgano revisor máximo de las decisiones cuando se trate de cuestiones de derecho local o común, e incluso en casos con cuestión federal en los términos del artículo 14 de la Ley 48.

Solo quedarán fuera de ese esquema las causas propiamente federales por materia o por persona.

Debate cruzado por la reforma laboral

La sesión, presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, comenzó pasadas las 11 y se extendía durante la tarde. El oficialismo logró el quórum con el apoyo de Pro, la UCR y aliados provinciales, mientras que el bloque del PJ no acompañó el inicio.

Bullrich defendió la iniciativa como parte de un proceso más amplio: "El tango se baila de a dos. Y esta Ley de Modernización Laboral es fruto de acuerdos para hacer a la Argentina grande otra vez. Es la primera reforma en más de 50 años", escribió en X.

Desde el kirchnerismo, el senador Mariano Recalde rechazó tanto la reforma laboral como el traspaso judicial y sostuvo que anteriores reformas "no crearon empleo". También cuestionó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y denunció un eventual desfinanciamiento del sistema previsional.

Para alcanzar los votos necesarios, el oficialismo modificó 28 artículos del proyecto laboral y eliminó tres. Entre los cambios más relevantes figuran la reformulación del FAL, la marcha atrás en la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades en los tramos más altos y ajustes en el financiamiento sindical.

En ese contexto, la inclusión del traspaso de la Justicia Laboral aparece como un movimiento político de alto impacto que, de prosperar, cerrará un capítulo abierto desde 1994 y redefinirá el mapa judicial en materia laboral en la Argentina.