La Justicia federal levantó el secreto de sumario en la causa que investiga el rulo financiero del dólar blue y confirmó que la pesquisa abrió una segunda línea de alto impacto: un presunto "circuito paralelo" vinculado al Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), el mecanismo que rigió entre octubre de 2022 y diciembre de 2023 para autorizar importaciones y acceder al dólar oficial.

La decisión fue dispuesta por el juez Ariel Lijo después de tres postergaciones en los últimos dos meses. Antes de abrir el expediente, el magistrado ordenó tres allanamientos a pedido del fiscal Franco Picardi. Los procedimientos se realizaron el miércoles en domicilios de empresarios ligados al mundo financiero y tuvieron como punto de partida una prueba central: la pericia sobre el celular de Martín Migueles, exsocio y ladero de Elías Piccirillo.

El teléfono que abrió la puerta SIRA

Los allanamientos alcanzaron a Gonzalo Roberto Calo, conocido como "Gonzalote"; al financista Fernando Rubén Tacchi; y a Alejandro "El Turco" Calian, quien ya había sido allanado en marzo, aunque en un domicilio que ya no utilizaba. Según el expediente, los elementos que llevaron a esos nuevos procedimientos surgieron del teléfono de Migueles.

Ese celular había sido secuestrado en uno de los tres allanamientos que Migueles atravesó en la causa contra Piccirillo por el operativo ilegal que derivó en su detención. Aquel día, cuando la Prefectura ya estaba dentro de su casa, el empresario entregó el aparato y aportó la clave.

La pericia sobre ese teléfono no solo aportó datos sobre la operatoria cambiaria. También abrió una línea sobre presuntas gestiones para obtener o agilizar autorizaciones SIRA a cambio de pagos indebidos. Según el expediente, Migueles habría actuado como nexo entre privados y funcionarios públicos que todavía se busca identificar. El empresario figura entre los imputados por Picardi.

"Viene de arriba"

En marzo de 2023, Migueles le escribió a un contacto agendado como "Adriel La Plata": "También ahora están mucho con el tema de la SIRA, si tienes una empresa grande, yo consigo también que te den la SIRA rápido y podés llevar guita para allá".

En otro audio, avanzó sobre condiciones, plazos, porcentajes y escala de la operación. "Pásame todo lo que es de la sociedad por un lado, y lo del tema de la SIRA, sí, yo lo consigo un punto menos, 11 puntos y te sale en una semana con toda la furia. Lo que sí, cuando sale hay que pagar y viene de arriba y no te la rebotan más y 150 lucas de lo que es mercadería, si se tranca con algo nosotros lo compramos todo también. Podemos cerrar el circuito. Es más, allá también tengo proveedor podemos armar algo grande, algo lindo", dijo Migueles, según la conversación incorporada a la causa.

"Adriel La Plata" le envió documentación de una sociedad y después escribió una frase que quedó bajo análisis judicial: "Billete cara grande jaja".

El expediente describe presuntos pagos de entre el 10% y el 15% para obtener o agilizar autorizaciones SIRA. La Justicia todavía debe identificar a los funcionarios que habrían intervenido, si los hubo, y determinar si esas conversaciones se tradujeron en operaciones concretas.

Un circuito paralelo bajo investigación

El capítulo SIRA aparece en el expediente como una novedad sensible. Hasta ahora, las investigaciones conocidas se habían concentrado en la operatoria del blue. El levantamiento del secreto de sumario mostró que Lijo y Picardi también avanzaron sobre presuntas irregularidades en el sistema de autorizaciones para importar.

"Se ha podido establecer, con el grado de provisoriedad propio de esta etapa, la existencia de un circuito paralelo vinculado a la gestión de autorizaciones en el marco del sistema SIRA, en el cual determinados intermediarios habrían ofrecido -a cambio del pago de sumas de dinero indebidas- la obtención o agilización de aprobaciones administrativas necesarias para la importación de bienes, lo que permitiría inferir la posible connivencia de funcionarios públicos o, al menos, la explotación indebida de resortes estatales para fines particulares", dice el expediente.

La causa, entonces, ya no se limita a reconstruir cómo se habrían comprado dólares oficiales para alimentar el mercado informal. También busca determinar quiénes podían destrabar autorizaciones administrativas, bajo qué condiciones y a cambio de qué pagos.

El origen: audios, pen drive y dólar blue

La investigación había comenzado en julio del año pasado a partir de audios hallados en un pen drive aportado por Carlos "El Lobo" Smith, un expolicía que trabajaba para Piccirillo y terminó con declaración como "arrepentido". En ese dispositivo había conversaciones de Piccirillo con Francisco Hauque y con Romina García, funcionaria del Banco Central.

Migueles aparece en esa trama por su cercanía con Piccirillo. El vínculo, casi familiar, incluía cumpleaños, fiestas y reuniones privadas, pero también negocios. Además, el empresario había sido testigo de una reunión clave entre Piccirillo y Smith durante la madrugada del 18 de enero, en el living de la casa que Piccirillo alquilaba en el lote 192 de "El Yacht".

El teléfono de Migueles también aportó nombres para la línea del blue. En el caso de Calian, la resolución sostuvo que su aparición en comunicaciones mantenidas por Migueles, en referencias a otros involucrados, permitía inferir "en esta instancia" una posible vinculación con la operatoria investigada. En el caso de Calo, el expediente señala que fue mencionado por Smith, en conversaciones entre los principales investigados y en documentación asociada a operaciones económicas de magnitud.

La ruta de los billetes

El expediente investiga una maniobra con el dólar blue que, en tiempos de cepo cambiario, llegó a dejar ganancias del 100%. Recién en 2025, el Banco Central empezó a cerrar sus primeros sumarios administrativos. Esas investigaciones describen un circuito que movió al menos USD 900 millones y pusieron bajo sospecha a financistas y casas de cambio.

"Los investigados habrían desarrollado mecanismos tendientes a eludir o distorsionar tales restricciones, accediendo a volúmenes de divisas sustancialmente superiores a los permitidos, mediante la utilización de estructuras societarias y operativas diseñadas al efecto", dice el expediente judicial.

La hipótesis apunta a una operatoria coordinada para comprar dólares al tipo de cambio oficial, mediante operaciones en apariencia regulares, y luego abastecer el mercado paralelo. Según la investigación, las maniobras habrían incluido la captación de fondos de terceros en pesos, muchas veces sin justificación económica suficiente; la compra de divisas en el mercado oficial a través de agencias y entidades; y una circulación posterior mediante operaciones sucesivas entre casas de cambio vinculadas entre sí.

El objetivo, según el expediente, era dificultar la trazabilidad de los fondos y obtener billetes físicos, que luego se comercializaban en el mercado informal. Cuanto más grande era la brecha entre el dólar oficial y el blue, mayor era el negocio.

Casas de cambio y operaciones bajo sospecha

Las casas de cambio investigadas en la causa de Picardi registraron ventas de moneda extranjera equivalentes a $660.127 millones entre 2022 y el primer semestre de 2024, según informes semestrales del Banco Central. El 91,5% de esas transacciones ocurrió en 2023. Después, la mayoría de las agencias casi no tuvo movimiento.

Arg Exchange, vinculada a Piccirillo y Migueles, registró ventas por $60.804 millones en el segundo semestre de 2023. En la primera mitad de 2024, ese número cayó a cero. "Hasta tanto exista información oficial sobre los expedientes, no tengo nada que aportar al respecto", dijo Piccirillo a través de uno de sus abogados a fines de enero, cuando el expediente todavía estaba bajo secreto de sumario.

Otra agencia mencionada es Fenus, que en el segundo semestre de 2023 estaba bajo la órbita de la madre de Ariel Vallejo. En ese período, registró ventas por $2.858 millones. También aparece Mega Latina, que llegó a vender divisas por $59.000 millones en el segundo semestre de 2023 y después casi no tuvo movimiento. En uno de los sumarios del Banco Central, sus representantes negaron haber cometido un ilícito.

El sumario financiero más grande resuelto por el BCRA fue sobre Gallo Cambios y la venta de USD 474 millones entre mayo de 2022 y octubre de 2023. "Se observó que el 92,71% fueron entregados en billetes por Gallo Cambios a los operadores compradores, haciendo perder la trazabilidad bancaria de dicha moneda extranjera", señala el documento firmado por el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet.

Los responsables de Gallo Cambios plantearon en su descargo que la normativa del BCRA era "cuna de la deficiencia" y sostuvieron que la imputación en su contra era ambigua. Por eso, pidieron su nulidad.