El Senado debate este jueves el proyecto de ley que elimina los límites para que capitales extranjeros adquieran tierras rurales en Argentina. El oficialismo incluyó esta reforma tras sellar un acuerdo político con los bloques dialoguistas el pasado miércoles. 

La sesión concentra la agenda legislativa en dos prioridades del Poder Ejecutivo: la desregulación inmobiliaria y la autorización de un pago millonario a acreedores internacionales.

La iniciativa central, diseñada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, permite la venta de superficies rurales a compradores internacionales bajo la condición de que las provincias autoricen cada operación, siempre que no intervengan Estados extranjeros. El texto definitivo excluyó las modificaciones sobre barrios populares y mantuvo la jurisdicción territorial de las provincias según los criterios de la Constitución Nacional.

El articulado prohíbe explícitamente la compra de campos a compañías o fondos fiduciarios que cuenten con participación estatal extranjera.

El temario complementario incluye el proyecto de ley para abonar USD 171 millones a los fondos buitre Bainbridge y Attestor Value Master Fund LP, una medida que busca frenar los embargos contra activos locales como las acciones de YPF. El cronograma oficial establece el 30 de junio como fecha límite para cancelar esta deuda. El convenio estipula un desembolso en efectivo de USD 67 millones para la primera firma y 104 millones para la segunda, previo depósito de los bonos soberanos libres de gravámenes en las cuentas nacionales.

En materia civil, la reforma introduce el desalojo "express" para propiedades e inmuebles usurpados mediante un procedimiento judicial abreviado de 10 días hábiles. Para los contratos de alquiler vigentes, el propietario podrá iniciar la demanda ante la falta de pago tras un aviso formal de 10 días en el domicilio real o electrónico del locatario.

La sesión también modifica el régimen de expropiaciones y la legislación sobre manejo del fuego. El Estado nacional debe justificar técnicamente cada expropiación y abonará un tope del 30% por lucro cesante, con una tasa de interés calculada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el rendimiento a 30 días del Banco Nación. 

La nueva normativa deroga la prohibición de cambiar el uso del suelo por 30 años en terrenos rurales incendiados y elimina el plazo de 60 años en bosques nativos, aunque mantiene el veto a la modificación de su destino ambiental.

El cuerpo legislativo trata la designación de 50 jueces, fiscales y defensores oficiales sobre un paquete total de 73 pliegos disponibles. La postulación de Verónica Michelli fue postergada por decisión del Gobierno para un próximo debate junto a otros 23 candidatos, mientras que ingresará formalmente la discusión para habilitar dos nuevas cámaras federales de apelaciones en Mar del Plata y Tucumán.