La Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento del exministro de Transporte bonaerense Jorge D'Onofrio por presunto lavado de activos en el marco del escándalo por el manejo de las fotomultas y la VTV en la provincia de Buenos Aires. El tribunal también ratificó el embargo de $350 millones sobre sus bienes.

La Sala I, integrada por Juan Pablo Salas, Marcelo Fernández y Marcos Morán, avaló la decisión del juez federal de Campana Adrián González Charvay. Además, confirmó el procesamiento de Facundo Asensio, exdirector de Fiscalización y Control de la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular, y sostuvo el embargo de $300 millones sobre su patrimonio.

La decisión de la Cámara

Los camaristas rechazaron los recursos de las defensas y sostuvieron que el fallo de primera instancia presentó fundamentos suficientes y una valoración integral de la prueba. Señalaron que el juez analizó de manera lógica los elementos reunidos en el expediente y aplicó correctamente la normativa vigente para esta etapa procesal.

La resolución consolida la competencia federal en la causa, que investiga una presunta maniobra de blanqueo de fondos de origen ilícito vinculados al sistema de multas de tránsito y a la verificación técnica vehicular durante la gestión de D'Onofrio entre 2022 y 2024.

La maniobra bajo investigación

La investigación se inició el 5 de septiembre de 2024 tras una denuncia que acusó a D'Onofrio de liderar, junto a la concejal de Pilar, Claudia Pombo, una estructura destinada a desviar fondos del sistema de cobro de multas en territorio bonaerense.

Según el expediente, los fondos obtenidos se destinaron a la adquisición de bienes con el objetivo de darles apariencia lícita. La causa apunta a la utilización de presuntos testaferros y contratos sin respaldo económico comprobado.

Uno de los hechos centrales involucra la compra de una camioneta Audi Q8. Asensio la registró a su nombre el 19 de octubre de 2023 por un valor declarado de $30 millones, aunque la aseguró por $173,8 millones. 

La investigación determinó que D'Onofrio figuró como autorizado para conducir el vehículo desde su adquisición y abonó el servicio de Telepase asociado al rodado.

El vehículo se transfirió a un tercero el 12 de noviembre de 2024, el mismo día en que la Cámara resolvió la competencia federal en la causa.

Para el juez, la diferencia entre el valor declarado y el monto asegurado, junto con la utilización de un contrato de mutuo con una sociedad sin actividad verificada -cuyos accionistas son familiares de Asensio-, constituyen indicios de una maniobra para ocultar la verdadera titularidad y el origen de los fondos.

Cuál fue la respuesta judicial

D'Onofrio negó haber sido propietario de la camioneta y afirmó que la condujo en una sola oportunidad. Reconoció que Asensio le otorgó una cédula azul y explicó que retiró el dispositivo de Telepase por una cuestión de cercanía y confianza personal.

Asensio sostuvo que adquirió el vehículo con fondos provenientes de la venta de un terreno de la sociedad familiar y admitió que autorizó al exministro a utilizarlo.

El juez consideró inconsistentes ambas versiones y concluyó que Asensio actuó como interpuesto registral para ocultar la titularidad real del bien, en un esquema típico de disimulación patrimonial propio del delito de lavado de activos. La Cámara respaldó ese análisis.

Antecedentes

La causa federal por lavado se suma a otro expediente en la Justicia provincial. Allí imputaron a D'Onofrio como partícipe necesario de fraude contra la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito en relación con el sistema de multas, y como autor por presuntas irregularidades en la VTV.

D'Onofrio presentó su renuncia al Ministerio de Transporte el 30 de diciembre pasado por "motivos personales", en medio del avance de las investigaciones judiciales.