La Corte Suprema de Justicia dejó firme la obligación del Estado nacional de indemnizar a víctimas de la tragedia ferroviaria de Once. El tribunal rechazó los recursos presentados por el propio Estado y una aseguradora, y confirmó sentencias que ya habían reconocido la responsabilidad por el siniestro.

El accidente ocurrió el 22 de febrero de 2012, cuando una formación con alrededor de 1.200 pasajeros impactó contra los paragolpes de contención en la estación Once. El hecho dejó 51 muertos y cerca de 800 heridos.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron los planteos por inadmisibles, con base en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. La decisión alcanzó causas iniciadas por personas heridas y familiares de fallecidos.

El fallo ratificó resoluciones previas que ordenaron al Estado, a la empresa concesionaria y a otros responsables a pagar indemnizaciones. La Justicia determinó que existieron fallas en la conducción, deficiencias en el servicio y falta de control estatal.

En instancias anteriores, la Cámara Civil confirmó que la seguridad del servicio ferroviario constituía una responsabilidad compartida entre el concesionario y el Estado. También señaló que el Estado no ejerció un control efectivo sobre la prestación.

El Estado había intentado desligarse al atribuir la responsabilidad al maquinista y a la empresa operadora. La Corte rechazó ese argumento y dejó firmes las condenas.

Las demandas incluyeron reclamos por daños físicos, psicológicos y perjuicios económicos derivados del accidente. En varios casos, los tribunales incluso elevaron los montos indemnizatorios tras revisar las sentencias de primera instancia.

Con esta resolución, el máximo tribunal cerró una nueva instancia judicial y consolidó el criterio que responsabiliza al Estado por su rol en la supervisión del sistema ferroviario.