La Sala II de la Cámara Federal porteña dictó la falta de mérito de Alberto Fernández en la causa Seguros y dejó sin efecto, por ahora, el procesamiento y el embargo que pesaban sobre el expresidente por negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La decisión no lo desvincula del expediente: ordena completar medidas de prueba y volver a evaluar su situación procesal.

Un fallo obligado por Casación

La resolución fue firmada por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, después de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal anulara la confirmación del procesamiento de Fernández. El tribunal superior entendió que durante la revisión del caso no se sostuvo una acusación fiscal contra el expresidente y, con ese argumento, dejó sin efecto la resolución anterior.

La falta de mérito sólo alcanza a Fernández. Los demás exfuncionarios y empresarios procesados por hechos de corrupción en la causa no quedaron beneficiados por esa decisión, pese a los planteos de algunas defensas que buscaron extender el criterio.

Boico dejó asentada una diferencia clave. En su voto sostuvo que el análisis de las actuaciones lo conducía a "mantener conceptualmente la postura asumida al confirmar el procesamiento de Alberto Fernández", pero aclaró que, ante lo resuelto por Casación, votaba "en exclusiva sujeción al criterio allí decidido".

El camarista también rechazó que la anulación pudiera beneficiar al resto de los imputados. Según remarcó, las quejas de esas defensas ya habían sido declaradas inadmisibles y la modificación debía limitarse al procesamiento de Fernández.

La causa vuelve al juzgado de Lijo

Irurzun coincidió con el criterio central: correspondía "revocar el fallo que procesó y embargó a Alberto Fernández" y devolver el expediente a la instancia anterior. Allí deberá intervenir el juez Ariel Lijo, subrogante del juzgado federal 11, que deberá ordenar las medidas pendientes y volver a expedirse sobre el mérito del caso.

El tribunal indicó que el magistrado tendrá que practicar las medidas que había solicitado la defensa de Fernández y a las que adhirió el fiscal general durante la audiencia ante la Cámara. Entre esas diligencias figuran testimoniales vinculadas al Decreto 823/21, que obligó a los organismos y ministerios del Estado nacional a contratar sus seguros con Nación Seguros.

La Cámara también mencionó la necesidad de avanzar con diligencias para determinar cómo los organismos estatales tomadores de seguros concretaron las designaciones de productores y asesores a través de la intermediación de Héctor Martínez Sosa, bajo sospecha de incumplimiento del régimen de contrataciones de la administración pública nacional.

Fuentes judiciales señalaron que la fiscalía a cargo de Carlos Rívolo sostendrá su razonamiento inicial: el procesamiento de Fernández. Las medidas de prueba ya estaban en marcha. Este miércoles declaró como testigo Vilma Ibarra, exsecretaria Legal y Técnica durante la presidencia del dirigente peronista.

La disidencia parcial de Farah

Farah acompañó la falta de mérito de Fernández, pero abrió una diferencia con sus colegas. Para el camarista, el mismo criterio debía impactar sobre la situación de Héctor Martínez Sosa, el broker señalado como amigo del expresidente y esposo de María Cantero, exsecretaria privada de Fernández.

"La decisión sobreviniente sobre Alberto Fernández -a mi entender- incide de un modo sustancial sobre la comprensión de aquellas maniobras", sostuvo Farah. El juez vinculó esa incidencia con la calificación de negociaciones incompatibles con la función pública, basada en la relación previa entre Fernández y Martínez Sosa.

Su razonamiento apuntó al corazón de la imputación: si no puede sostenerse de manera válida que las acciones de Fernández facilitaron el aumento exponencial de los negocios de Martínez Sosa con el Estado, entonces será necesario reformular la responsabilidad que hasta ahora se atribuyó a funcionarios de Nación Seguros y a otros privados involucrados.

Farah señaló que los integrantes de la compañía estatal habían sido descriptos como "ejecutores del favorecimiento presidencial" y los demás privados como beneficiarios de las comisiones pagadas. Para el camarista, esa revisión no podía hacerse en ese momento, porque dependía de las pruebas pendientes y de una eventual renovación de las declaraciones indagatorias.

El decreto, los brokers y las comisiones

La causa Seguros nació alrededor del Decreto 823/21, firmado por Fernández durante su presidencia. Ese instrumento obligó a los organismos y ministerios del Estado nacional a contratar con Nación Seguros y abrió la puerta a una intermediación cuestionada de brokers del rubro.

Según la acusación, se firmaron 45 contratos con participación de 25 brokers. Las comisiones pagadas a intermediarios de contratos entre organismos públicos, con irregularidades y direccionamientos atribuidos en el expediente, alcanzaron los $3.364.522.944.

El procesamiento que ahora deberá revisarse sostenía que Martínez Sosa ocupaba el primer lugar entre los empresarios beneficiados: recibió el 59,6% de las comisiones liquidadas por Nación Seguros a todos los intermediarios de pólizas emitidas a entes estatales. La Cámara Federal, cuando confirmó el procesamiento, había remarcado que ese porcentaje implicó un incremento relevante respecto de los negocios que el broker tenía antes de la llegada de Fernández a la Presidencia.

En esa resolución se señaló que Héctor Martínez Sosa y Compañía, como productor asesor directo u organizador de otros intermediarios, percibió el equivalente al 59,6% de las comisiones. El monto liquidado por la sociedad con capital estatal en ese período fue de $2.250 millones, entre organizador y productores.

El celular de Cantero y el vínculo bajo sospecha

La acusación original sostuvo que los imputados habrían intervenido de manera coordinada entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023 en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos mediante el direccionamiento irregular de contrataciones e intermediaciones de seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros.

El expediente atribuyó a los brokers haber operado, con la presunta connivencia de Fernández, en la contratación de seguros de entes estatales, en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre esos organismos y Nación Seguros. También investigó la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de la aseguradora estatal.

Uno de los elementos centrales de la investigación fue el celular de María Cantero, exsecretaria privada de Fernández y esposa de Martínez Sosa. De allí surgieron mensajes que, según la acusación, permitieron reconstruir parte de la maniobra investigada y el acceso del broker al entorno presidencial.

"Tenemos que estar más tranquilos y todo va a encaminarse. Vos tenés que estar tranquilo y ocuparte solo de las cosas importantes. Tenés un amigo Presidente. Esto pasa una vez en la vida. Y hay que ir con calma. Yo soy tu respaldo al lado de tu amigo Presidente. Somos equipo, no necesitamos más que eso. Estamos de acuerdo?", le escribió Cantero a su esposo en una de las conversaciones incorporadas al expediente.

La investigación también registró que, según el procesamiento ahora bajo revisión, las acciones de Cantero mantuvieron una lógica iniciada antes de la asunción presidencial, con el uso del rol que ocupaba en la oficina de Presidencia para conseguir reuniones y usufructuar contactos.

Una revisión sin cierre

La decisión de la Cámara no define si Fernández es inocente o culpable. Tampoco clausura la causa. Apenas fija un nuevo tramo procesal: Lijo deberá completar testimoniales y otras medidas, y después resolver si corresponde volver a procesar al expresidente.

El expediente regresa así al punto que Casación ordenó revisar. La falta de mérito sacó a Fernández del lugar de procesado, pero lo dejó dentro de la investigación por el sistema de seguros estatales, las comisiones millonarias y el rol que tuvo Martínez Sosa en los contratos con organismos públicos.